Entre junio y diciembre de 2020, se produjeron 10.387 jubilaciones voluntarias de funcionarios en las Clases Pasivas a los 60 años, un 26,2% más.
Desbandada de funcionarios. Los empleados públicos tienen “miedo” a que el traspaso a la Seguridad Social de las pensiones de las Clases Pasivas que está llevando a cabo el Gobierno suponga un recorte de sus prestaciones y están optando por jubilare cuando antes. Tradicionalmente, estas pensiones dependían del Ministerio de Hacienda, pero, el 22 de abril del año pasado, José Luis Escrivá aprobó por la vía del decreto ley hacerse con su control.
Libre Mercado se hizo eco entonces de la preocupación entre los funcionarios por este cambio “sorpresa”, que además, se producía en plena pandemia de coronavirus, lo que ponía en entredicho su carácter de urgencia. Aunque el Gobierno insistía en que sólo se trataba de un cambio de gestión, un mero trámite burocrático, los teléfonos no dejaban de sonar esos días. “Hay mucha inquietud entre los que nos llaman, sobre todo, por si se produce una modificación a la baja de sus pensiones”, aseguraban los trabajadores públicos.
Ahora, han salido a la luz las cifras de la repercusión que ha causado tanta incertidumbre entre los empleados públicos. Así, entre junio y diciembre de 2020, se produjeron 10.387 jubilaciones voluntarias a los 60 años entre los funcionarios de Clases Pasivas, lo que supone un 26,2% más que en el mismo periodo de 2019.
Como se observa en la tabla anterior, la mayoría de las prejubilaciones (8.015) se registraron en el sector educativo. En los años anteriores también se observa que la educación es el sector predominante en las prejubilaciones de las Clases Pasivas, que además, obtiene la prestación más alta (grupo A1). Estos datos proceden de una consulta parlamentaria del PP al Gobierno.
“Se están jubilando todos con 60 años”
El secretario nacional del sindicato de funcionarios CSIF, Francisco Lama, tiene claro que “esta oleada” de bajas se ha producido “por el miedo a que la maniobra del Gobierno termine con recortes en las pensiones. Hay mucho temor y se están jubilando todos con 60 años”, asegura a este periódico.
Hay que dejar claro que no todos los funcionarios del país pertenecen a las Clases Pasivas. A cierre de marzo de 2021, el Ministerio de Seguridad Social contabilizó 668.759 pensiones de este tipo, con un coste de la nómina en ese mes de 1.216,3 millones de euros, un 4,7% más que en marzo del año pasado. Se trata de exfuncionarios de la Administración General del Estado, de Justicia, de las Cortes Generales o militares que gozan de algunas ventajas, como la de poderse jubilar a los 60 años y que ahora las están aprovechando todavía más.
En el año 2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió acabar con las Clases Pasivas, y a partir de ese momento, todos los funcionarios cotizarían en la Seguridad Social, por lo que este régimen ya estaba abocado a la extinción. Mientras tanto, los funcionarios de las Clases Pasivas que estaban en ese régimen hasta 2011 se siguen jubilando en las mismas condiciones que siempre. Independientemente de si es Hacienda o la Seguridad Social la que lo paga y lo gestiona, las Clases Pasivas generan una factura para el Estado de más de 15.000 millones de euros al año.
Por cuestiones organizativas y de transparencia, el cambio de las Clases Pasivas tiene sentido, aunque los funcionarios no entienden las prisas. “Es incomprensible que, cuando el país estaba paralizado por la pandemia, el Gobierno se dedicara a hacer este cambio de régimen. La única explicación era que quisieran pasar desapercibidos”, señalan en CSIF. ¿Pero desapercibidos para qué?
José Luis Escrivá está inmerso en una reforma de las pensiones que implicará recortes, y uno de sus principales objetivos es el castigo a las prejubilaciones. Por tanto, no es descabellado que el privilegio de poder jubilarse a los 60 pudiera verse afectado con el cambio de las Clases Pasivas al Régimen General.
En CSIF le preguntaron por escrito al Gobierno y su respuesta “nos dejó más intranquilos”, aseguran. Según cuentan, solicitaron al Ministerio de Seguridad Social “una aclaración sobre las consecuencias de dicho traspaso de gestión y en su contestación generó más incertidumbre. Según nos dijo, si bien se trataba de un cambio en la gestión de las pensiones, las consecuencias de este traslado serían abordadas más adelante“. Para sortear futuros cambios en sus condiciones, los funcionarios ya están acelerando su jubilación. “No queremos crear alarma, pero algo preparan. Pues si lo que quieren es incentivar que alarguemos la vida laboral, están consiguiendo justo lo contrario”, concluye Francisco Lama.
El Constitucional tumba el decreto
Ayer jueves, salió a la luz que el Tribunal Constitucional (TC) ha anulado varias disposiciones del real decreto-ley por el que el Gobierno integraba las Clases Pasivas en la Seguridad Social. Según la sentencia, no ve acreditada la “extraordinaria y urgente necesidad” del decretazo, como le reclamaban los funcionarios y un recurso del PP.
Fuentes del departamento que dirige José Luis Escrivá explican a Libre Mercado que el traspaso de las Clases Pasivas seguirá adelante a pesar de la decisión del TC. “La sentencia se refiere a una cuestión formal, porque no teníamos que haberlo aprobado por decreto ley, y nos da seis meses para arreglarlo. Tenemos que hacerlo como proyecto de ley, que es como lo estamos haciendo ahora”, aseguran.
Meses después de que Escrivá aprobara la reforma en Consejo de Ministros, la oposición obligó al Gobierno a tramitarlo como proyecto de ley y ahora, el TC también lo hace. “Si tenemos que volverlo a tramitar desde el principio, lo haremos”, señalan en el Ministerio de Seguridad Social. Las Clases Pasivas están llegando a su fin.
