El ‘cansancio’ provocado por el coronavirus y su efecto en el estado de ánimo de sanitarios, docentes y militares y las dudas y flecos pendientes en la reforma disparan los retiros antes de los 65 años hasta junio.
A sólo seis meses de la entrada en vigor del primer paquete de medidas previstas en la reforma de las pensiones diseñada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, los funcionarios vinculados al Régimen Especial de Clases Pasivas -los que entraron en la Administración antes de 2011- han decidido pisar el acelerador de los retiros en previsión de lo que pueda pasar en las fases posteriores de la negociación, en las que está sobre la mesa el Factor de Equidad Intergeneracional, que sustituirá al factor de Sostenibilidad del Partido Popular.
Los objetivos de las primeras iniciativas serán los de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y aproximar la edad efectiva de jubilación a la edad legal. Para ello, el Gobierno recurrirá a endurecer los requisitos para acceder a la jubilación anticipada y, también, a premiar mediante incentivos a quienes retrasen su retiro. Según los cálculos del Ministerio, los retiros anticipados restan a las arcas públicas 8.200 millones de euros, al dejar de percibir las prestaciones de estos jubilados tempranos.
Pese a que, en principio, la mayoría de las iniciativas penalizadoras y que suponen un recorte de la prestación o un aumento de los años de trabajo no les afectan, gracias al acuerdo entre PP y el PSOE que mantiene las ventajas a la hora de jubilarse de este colectivo, la incertidumbre, que Escrivá ha asegurado que se irá despejando a medida que avance la reforma, y los efectos de la pandemia en su estado de ánimo, sobre todo en sanitarios, profesores, militares y empleados con trato directo con el público, han forzado un importante aumento de las altas de jubilación en el primer semestre del año superior al 41%.
Los funcionarios, a diferencia de los empleados sometidos al Régimen General y el de Autónomos, pueden acceder al retiro anticipado voluntario a partir de los 60 años, acreditando 30 años trabajados en la Administración y no es necesario que estén en activo, por lo que pueden incluso coger una excedencia en su última etapa de vida laboral y llegar de esa forma a la jubilación. La excepción son los profesores universitarios, magistrados, jueces, fiscales, secretarios judiciales y registradores de la propiedad, cuyo retiro forzoso es a los 70 años, aunque pueden hacerlo cinco años antes justificando 15 años en el sector público. En ninguno de estos casos tienen penalización.
Durante el primer semestre de 2021 se han jubilado 9.160 funcionarios antes de los 65 años, frente a los 6.486 del mismo periodo del año pasado
Según los datos facilitados por el Ministerio, solo entre los meses de enero y junio se han retirado 9.160 efectivos antes de cumplir 65 años, frente a los apenas 6.486 que lo hicieron en el mismo periodo de 2020 y los 7.175 de 2019. Mientras, el número de altas globales han aumentado casi un 30%. Esta tendencia se podría mantener e incluso acelerarse en los últimos seis meses del años, un tramo en el que las jubilaciones se duplican -como se observa durante los últimos años-, sobre todo por el aumento de los retiros de los docentes tras el final de curso.
Así, durante el último semestre de 2020 se produjeron 30.435 retiros -frente a los 13.111 de los seis primeros meses de 2021- y dos de cada tres -20.668- tuvieron lugar antes de los 65 años. El parón de muchos servicios públicos durante la pandemia no ha tenido apenas incidencia en la tramitación de expedientes de jubilación entre los funcionarios de clases pasivas, ya que en el año de la Covid se produjeron 2.800 altas más -un 7,5%- que en el ejercicio precedente. Desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, 29.828 funcionarios han optado por el retiro voluntario, frente a los 24.842 que lo hicieron durante el último semestre de 2019 y el primero de 2020.
El envejecimiento, tras los retiros
El envejecimiento de la plantilla pública, en la que más de un millón de efectivos -de los 2,6 millones actuales- tiene entre 50 y 59 años y en la que áreas como la Seguridad Social cuentan con trabajadores que de media tienen 56 años, también está contribuyendo al incremento progresivo de los retiros. Las administraciones perderán hasta 2025 casi 331.000 efectivos tras llegar a la edad de jubilación y cerca de 900.000 en la próxima década, la mayoría funcionarios que entraron masivamente en la Administración en los años 80 y 90 por el desarrollo del Estado de las Autonomías y la mejora del bienestar social.
La Subdirección General de la Gestión de Clases Pasivas, dependiente de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, muestra que la edad media de retiro de los funcionarios de clases pasivas se situó en 61,97 años en 2020, casi dos años y medio menos que los trabajadores vinculados a los regímenes de la Seguridad Social. Desde 2018, la edad media de jubilación entre los funcionarios ha subido solo tres meses, una evolución que previsiblemente variará poco tras el espaldarazo de los representantes de PSOE y Partido Popular en la Comisión del Pacto de Toledo a este colectivo y su singular jubilación.
