El miedo de altos funcionarios a ser demandados dispara los arbitrajes en las obras públicas

Obra pública

Altos funcionarios de empresas públicas se muestran reacios a acordar y firmar sobre costes en las obras públicas con las adjudicatarias por temor a que puedan ser demandados, como le ha ocurrido a los jefes de obras de Acuamed en el caso que está ahora mismo en fase de instrucción en la Audiencia Nacional -donde hay algunos en calidad de investigados- o le está sucediendo a los funcionarios de la SEPI que han firmado los polémicos rescates de Plus Ultra o Duro Felguera, que podrían tener algún problema jurídico si los procesos se complican.

«Nadie quiere firmar nada por miedo a que luego tengan que ir a un juzgado a explicarlo y se vean en problemas. Antes se negociaba un sobre coste entre la empresa adjudicataria y el organismo público correspondiente, se demostraba que la obra había incurrido en precios superiores, y se firmaba por las dos partes. Ahora altos funcionarios de empresas como Acuamed, Adif y otras públicas se niegan», explica un directivo de una constructora que ha sufrido este problema.

«La consecuencia de todo esto es que se están disparando los arbitrajes. Los adjudicatarios de las obras acuden a reclamar a los tribunales civiles porque todas las obras públicas tienen un sobre coste», señala. «Se está dando un caso que no se había dado nunca, y es que las empresas contratan ya a abogados y peritos desde el inicio de la obra para que vayan registrando desde el principio todos los problemas que se vayan dando para tener pruebas para reclamar en un arbitraje», explica. «Esto no había pasado nunca», sentencia.

En efecto, Acuamed tiene encima de la mesa más de treinta arbitrajes por obras, según señala en su memoria anual de 2020. A eso hay que añadir otros casos que están en la justicia ordinaria, como el que está abierto en la Audiencia Nacional, que sigue en fase de instrucción más de cinco años después.

Los funcionarios de la SEPI se plantan y congelan los rescates por temor a acabar en los tribunales

El problema de Acuamed es precisamente ese, un supuesto pacto entre la empresa pública y las adjudicatarias para pagar sobre costes de las obras a cambio de regalos. De momento, nada hay demostrado pero hay varios altos cargos de la empresa pública en calidad de investigados, además de la ex cúpula de la firma y algunos constructores.

La inexplicable tardanza de la SEPI en conceder los rescate a las decenas de empresas que lo han solicitado, sobre todo turísticas, va a agravarse aún más porque los altos funcionarios del holding público se han plantado ante la posibilidad de que acaben pagando el pato de los desmanes del Gobierno tras el caso Plus Ultra. Este plante se suma a la paralización que había provocado la nueva presidenta de la SEPI, Belén Gualda, por su inseguridad ante la situación.

Fuentes conocedoras de la situación aseguran que los funcionarios de carrera que llevan muchos años en la SEPI están muy preocupados por la deriva judicial del rescate de Plus Ultra. El temor generalizado es que los cargos políticos echen la culpa a los informes de los técnicos para eludir su responsabilidad y que sean estos los que acaben siendo acusados.

«Es lógico que no quieran firmar más documentos que puedan comprometerlos, porque temen acabar en el banquillo. Si el Gobierno quiere rescatar más empresas por su cuenta y riesgo, que sean los altos cargos los que los firmen, es su postura», según una de las fuentes.

Una interpretación que no es en absoluto descabellada. Los altos cargos del Gobierno, incluyendo dos secretarias de Estado, presentes en el consejo gestor del fondo de rescate imputados en el caso Plus Ultra piensan escudarse en los informes técnicos de los funcionarios y de los asesores externos (Daiwa, <strong”>Deloitte y la Agencia Española de Seguridad Aérea) en los que se basaron para tomar la decisión del rescate.

Ahora bien, eso es una ironía, porque el propio Gobierno ha presionado (y sigue presionando) a los funcionarios de la SEPI para que hagan informes favorables a los rescates decididos por motivos políticos, incluyendo el de Plus Ultra, como ha denunciado OKDIARIO. Estos informes no solo sirven para permitir operaciones que no deberían hacerse, sino que son la base para los informes de los asesores externos, que no van más allá de lo que dicen los técnicos de la SEPI… y que a su vez usan los altos cargos de la SEPI para justificar los rescates. Los asesores ponen un montón de disclaimers en los que dejan claro que su opinión se basa únicamente en los datos que les ha ofrecido la Sociedad, aunque eso no les exime legalmente de responsabilidad.

Dilación indefinida de los trabajos

Según las fuentes, no se trata de un plante formal, en el que los funcionarios se niegan directamente a firmar los informes, sino de algo más sutil: alargan los plazos, solicitan constantemente más información a las empresas, piden dictámenes jurídicos y utilizan todo tipo de maniobras para dilatar indefinidamente los trabajos.

A esto se suma que Belén Gualda, la protegida de María Jesús Montero que ha nombrado presidenta de la SEPI tras su paso por Navantia, no está segura del terreno que pisa y tampoco quiere arriesgarse a acabar en un banquillo. Lo cual también ralentiza todos los procesos.

Y este interminable retraso (la SEPI no aprueba ayudas a ninguna empresa desde el 16 de marzo) perjudica no solo a las empresas cuyo rescate probablemente acabaría en los tribunales, como Abengoa o Mediapro, sino sobre todo -he ahí el problema- a las que sí cumplen las condiciones del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas y llevan muchos meses esperando respuesta de la SEPI. Es más, el Gobierno pretende poner por delante de ellas a una aerolínea de capital italiano llamada Albastar.

En el sector turístico, la más importante es Hotusa, que ha elevado su petición de 190 a 320 millones por culpa precisamente de la tardanza del organismo. Le sigue Naviera Armas, propietaria de Trasmediterránea, con una solicitud en torno a 100 millones de euros. Por detrás aparecen Wamos con 75 millones, Hesperia (55 millones), Room Mate (52), Selenta y Hoteles Playa Senator (50 cada una), Abades (40), Grupo Julià (37), Sehrs y Global Exchange (35 cada una), Soho Hotels (32), y Hotelatelier Pangea (25 cada una).

Fuera del sector, hay otras empresas importantes que también están esperando su turno, como la siderúrgica Celsa (700 millones), Tubos Reunidos (112 millones), la maderera Losán (35 millones) y la acerera Rugui Steel (25 millones). Aparte, por supuesto, de Abengoa (249 millones, que necesita imperiosamente para evitar el concurso) y Mediapro, que pretende hacerse con 230 millones de dinero público.

OkDiario

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