Un 27,4% de los menores de 18 años en nuestro país está amenazado por la exclusión, frente a una media del 18,7% en los países de la Unión.
El Instituto Nacional de Estadística ha publicado recientemente la Encuesta de Condiciones de Vida que, entre otras cosas, confirma que el porcentaje de personas que se encuentran en riesgo de pobreza o con carencias materiales o con baja intensidad en el empleo (lo que en el lenguaje de Eurostat se conoce como tasa AROPE por sus siglas en inglés) afecta al 26,4% de la población, 1,1 puntos porcentuales más que en el año anterior. Si únicamente se midiera el riesgo de pobreza, la población afectada se situaría en el 20,7% del total, tres décimas menos que en la encuesta anterior.
La tasa AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion) es un indicador económico que tiene como principal misión cuantificar la pobreza de un individuo, un colectivo, una nación o un área económica con el fin de realizar comparaciones homogéneas. De acuerdo con los últimos datos publicados por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), España no sale muy bien parada de la confrontación de sus datos con los de otros países europeos. Sólo aguanta el contraste con Italia (20,3%), pero está muy lejos de Francia (13,6%), Alemania (14,8%), la media de la Unión Europea de 27 miembros y de la Eurozona (16,5%) y también de Reino Unido (18,6%). Los menores riesgos se dan en la República Checa (10,1%), Finlandia (11,6%) y Eslovaquia (11,9%).
Una de las principales conclusiones que se extrae de la lectura detenida de las cifras de Eurostat es que el riesgo de pobreza y/o exclusión es mayor entre las mujeres que entre los hombres; entre los jóvenes que entre los más mayores; en las personas con un nivel educativo más bajo y en las áreas rurales más que en las ciudades.
El riesgo de pobreza en España ocupa los primeros lugares en Europa especialmente entre la población mas joven. Un 27,4% de los menores de 18 años están en riesgo de pobreza o exclusión en nuestro país, frente a una media del 18,7% en la Unión Europea de 27 miembros y el 18,9% de los países de la Eurozona. Únicamente presentan peores registros Rumanía (30,8%) y Bulgaria (27,%), dos países que se incorporaron a la vez a la Unión Europea en 2007. Si se toma la referencia de la población de entre 18 y 24 años, la situación empeora. Un 27,5% de este colectivo está en riesgo, frente al 22,2% de la Eurozona y el 22,5% del conjunto de la UE. En este grupo de edad, España ocupa la cuarta peor posición. Tiene por delante a Dinamarca (36,7%), Rumanía (31,2%) y Suecia (30%).
La tasa de paro de empleo juvenil era en España el 39,55% a cierre del primer trimestre del presente año, con un crecimiento de 64.700 personas en los últimos doce meses, según la última Encuesta de Población Activa. Los jóvenes de entre 16 y 25 años suponen el 15,07% de todos los parados que había en España a 31 de marzo pasado. Este hecho unido a que la mayoría de los contratos que firman los jóvenes tienen carácter temporal o bajo la modalidad de “formación” o “en prácticas” hace que la vulnerabilidad económica de este colectivo sea muy elevada y la inseguridad en el empleo, otro obstáculo.
Si se toma la referencia de la población de entre 18 y 24 años, la situación empeora. Un 27,5% de este colectivo está en riesgo, frente al 22,2% de la Eurozona
Para definir el riesgo de pobreza, la estadística combina tres factores. El primero de ellos es vivir con una renta inferior al 60% del salario mediano que, en el caso de España, estaba, en 2019
(último dato disponible por el INE), en 1.694,3 euros mensuales. Bajo estas características se incluirían en España a personas que ingresan mensualmente menos de 1.017 euros, una cantidad casi similar al salario mínimo interprofesional, 1.100 euros por doce mensualidades.
El segundo hace referencia a hogares o personas que no se pueden permitir la compra de cuatro productos o servicios de consumo de una lista de nueve. En esta relación se incluyen televisor, teléfono, lavadora, automóvil, capacidad para irse de vacaciones una semana, comer carne o pescado cada dos días, tener retrasos en el pago de hipotecas o recibos; disponer de calefacción en el hogar o poder afrontar gastos imprevistos.
El tercero de los factores, “vivir en un hogar con baja intensidad de trabajo”, se define como el cociente del número de meses trabajados por todos los miembros de un hogar y los meses máximos que podrían haber trabajado. Si el resultado es inferior al 28% este hogar estaría en esa situación.
Pobreza entre los mayores de 65
Donde mejor parada sale España es en la comparación de la situación de los mayores de 65 años. Ocupa la novena posición del ranking y comparte porcentaje con Finlandia. Apenas el 14,5 de este colectivo está en riesgo de pobreza, una cifra mucho mejor que la de Alemania (18%), el conjunto de la UE (16%), Italia (15,3%), la Eurozona (15%) y muy lejos de Reino Unido (20,4%) e incluso de Suiza (23,1%). Letonia, con el 47,9% de sus mayores de 65 años, y Estonia, con el 43,7%, obtienen los peores resultados. Los mejores, para Eslovaquia (8,7%), Dinamarca (9%) y Luxemburgo (9,2%).
¿Cuáles son las razones de este radical giro de la situación en España en los mayores de 65 años? Por un lado, la garantía de revalorización anual de las pensiones con el IPC, lo que asegura el mantenimiento del poder adquisitivo de un colectivo de más de 8,6 millones de personas. La pensión media en junio era en España de 1.033 euros mensuales por 14 pagas, pero la máxima está en 2.700 euros.
El otro tiene que ver con la distribución de la riqueza en nuestro país en esta franja de edad. Según datos del Banco de España, el 90% de las personas de entre 65 y 74 años son propietarios de su vivienda habitual, aunque su renta disponible no esté en proporción con su residencia habitual.
Este hábito está muy arraigado en la cultura española, donde el sentido de la propiedad se transmite de generación en generación. Baste señalar que la riqueza de los hogares españoles está calculada por el Banco de España en el primer trimestre de este año en 7,96 billones de euros siete veces el PIB a precios de mercado del pasado año. De esa cantidad, 5,57 billones, el 70%, corresponde a activos inmobiliarios y así se viene manteniendo en los últimos cinco años.
