Los registros del Ministerio de Trabajo se dan la vuelta en los primeros meses de 2021. Los procesos de regulación de empleo repuntan por la crisis persistente en sectores como la hostelería y el comercio.
Los despidos colectivos empiezan a asomar en las estadísticas del Ministerio de Trabajo. Hasta ahora habían permanecido ‘ocultos’ en los registros oficiales por el impacto estadístico de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que las empresas han utilizado de manera masiva durante esta pandemia para hibernar plantillas. Pero una vez desgastado ese efecto, a medida que el levantamiento de las restricciones sanitarias ha permitido ir recuperando la actividad y las compañías han ido reincorporando a trabajadores de los ERTE, la curva de ajustes por la vía de los despidos colectivos se ha disparado, especialmente en los sectores más afectados por la crisis, como son la hostelería o el comercio.
Cuando estalló la crisis sanitaria, el Ministerio de Trabajo se vio obligado a alterar la estadística de regulación de empleo (que incluye tanto los despidos colectivos como las suspensiones de contratos y reducciones de jornada) ante la imposibilidad de registrar debidamente la información de los ERTE remitida desde las autoridades laborales autonómicas y acotó los datos a los trabajadores afectados por procedimientos de ámbito estatal. Este hecho condiciona el análisis (por ejemplo, según esta estadística en 2020 hubo un millón de trabajadores en ERTE, mientras los registros de la Seguridad Social muestran que en el pico de la pandemia se alcanzaron los 3,6 millones de afectados), sin embargo, no impide detectar tendencias interesantes.
A principios de la crisis Covid, allá por los meses de marzo y abril de 2020, se llegaron a registrar en esta estadística incrementos anuales de los afectados por procesos temporales de suspensión de contrato y reducción de jornada del 3.500%. En el conjunto del año, los afectados por ERTE crecieron un 1.600% respecto a 2019, hasta superar el millón de trabajadores. Mientras tanto, los trabajadores afectados por despidos colectivos se redujeron considerablemente en relación con el ejercicio anterior y cerraron el año con un descenso del 72%, con ‘solo’ 8.614 afectados, 22.257 menos que en 2019.
Es decir, a medida que los ERTE fueron tomando protagonismo en las estadísticas, los despidos colectivos fueron disminuyendo. A principios de este año se mantuvo esa tendencia… hasta marzo, mes en el que la comparativa interanual respecto al estallido de la pandemia dejó descensos de los afectados por suspensiones temporales de empleo de hasta el 96%, con una reducción de más de medio millón de trabajadores en relación con marzo de 2020. Con todo, los datos del Ministerio de Trabajo mostraban 17.300 afectados por ERTE en marzo de 2021, cuando la Seguridad Social registraba unos 750.000 (recordemos que Trabajo recoge los expedientes de empresas de implantación estatal). Entre tanto, los involucrados en despidos colectivos se situaron en 4.181, lo que supone un 1% menos que un año antes.
El cambio de tendencia llegó en abril. Según la última estadística de regulación de empleo disponible (el Ministerio de Trabajo la ha publicado este jueves, 8 de julio, tras semanas de afectación en la Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral por el ciberataque sufrido el pasado 9 de junio) los afectados por despidos colectivos repuntaron un 18,1% en los cuatro primeros meses del año, hasta totalizar 5.021 personas. Aunque el dato puede parecer poco cuantioso, habida cuenta de que solo los ERE emprendidos en el sector bancario ya superan los 15.000 trabajadores afectados, sí refleja un viraje en las estadísticas al que conviene prestar atención en un contexto de recuperación económica incipiente. Especialmente en sectores como la hostelería y el comercio, donde los despidos colectivos se han disparado un 358% y un 288%, respectivamente.
El mantenimiento del empleo ha sido un objetivo prioritario del Gobierno desde el inicio de la pandemia. Por iniciativa del Ministerio de Trabajo, se desplegó una red de protección de plantillas subvencionada que ha evitado la destrucción masiva de puestos de trabajo –prohibición de los despidos mediante-. Pero transcurrido un año y medio de crisis, las empresas que se han visto especialmente afectadas por las restricciones no han visto otro remedio que ajustar plantillas por la vía del despido. Y ello a pesar de que el Ministerio de Trabajo ha intentado frenar los ERE tanto en la banca como en el resto de sectores, enviando una veintena de requerimientos a empresas cada mes, según los datos facilitados por el departamento de Yolanda Díaz.
Con todo, los despidos colectivos se disparan mientras los ERTE se reducen, aunque cada vez menos. Según la estadística de Trabajo, entre enero y abril los trabajadores afectados por suspensión de contrato o reducción de jornada se redujeron un 97,6% respecto al mismo periodo de 2020, hasta los 19.989. Hay que insistir en que se trata de afectados en procedimientos de empresas de implantación nacional. Los datos de la Seguridad Social, que reflejan mejor la realidad en este caso, muestran 447.800 protegidas por los ERTE en junio (último dato disponible), pero el ritmo de reincorporación a los puestos de trabajo se va ralentizando y el propio ministro José Luis Escrivá ha admitido que hay unos 150.000 trabajadores en ERTE en empresas que pueden necesitar algún tipo de reestructuración.
El esquema de protección de los ERTE, de momento, está prorrogado hasta el 30 de septiembre, aunque el Gobierno tiene la intención de mantenerlos vigentes hasta que esté implantado el nuevo “Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo (MSE)”, la herramienta que se incorporará a la legislación como complemento de los ERTE y que se plantea como la opción preferente frente al despido. En el borrador de la reforma laboral el Ministerio de Trabajo ha establecido no solo ese carácter prioritario, sino que a las empresas que se vean obligadas a ajustar sus plantillas, a través de reducciones de jornada, ante limitaciones o impedimentos del desarrollo normalizado de la actividad, por razones de carácter imprevisible y ajenas a la voluntad empresarial, se les exigirá la asunción de “un compromiso de mantenimiento del empleo respecto de las personas trabajadoras afectadas”.
