El Gobierno ha tomado por asalto la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) aprovechando el mes de agosto.
Ha suprimido la dirección de Planificación y Control, que era la que analizaba en detalle los planes de negocio de las empresas que han pedido dinero al fondo de rescate, lo que deja el campo libre al Ejecutivo para conceder o denegar las ayudas que le vengan en gana.
Así lo aseguran fuentes conocedoras de la situación, que añaden que la medida ha caído como un bombazo en el seno del holding público y ha creado un profundo malestar en la plantilla. Con este asalto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (de la que depende la SEPI), asume el control absoluto del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas –el de rescate-, donde un montón de operaciones están atascadas por el temor de la plantilla a acabar en los tribunales y las dificultades para encontrar asesores independientes.
La historia comenzó con la dimisión de Rosario Martínez de una de las direcciones de participadas (hay cuatro), en concreto de la de defensa y aeroespacial. Esta directiva había sido nombrada por el anterior presidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero (aquel al que Montero le estuvo guardando el puesto durante meses pese a estar imputado). El motivo de su renuncia fue que no quería hacer trabajos para el fondo de rescate ante las posibles consecuencias judiciales en el futuro tras el precedente de Plus Ultra. Martínez ha sido reubicada como secretaria general de la Fundación SEPI.
Los rescates solo en unas manos y sin nadie que los cuestione
Esta salida provocó un terremoto en el resto de directores de participadas, a los que la presidenta del holding, Belén Gualda, pidió que terminaran los asuntos que tenían pendientes para después dejar de trabajar para el fondo de rescate. A partir de ahora, la gestión de todas las ayudas públicas a empresas con dificultades de solvencia por el covid recaerá en el sustituto de Rosario Martínez, Julián Martínez.
Pero no contenta con esa centralización, Montero ha ido un paso más allá y ha suprimido la citada dirección de Planificación y Control, que estaba en manos de Manuel Alves, quien ahora pasará con su equipo a otra de las direcciones de participadas sin poder sobre el fondo de rescate. «Planificación y Control eran los que decían que las hipótesis de un plan de negocio eran poco creíbles o que la valoración que hacía una empresa de sus activos estaba inflada. Y eso obligaba a los departamentos de participadas a pedir más información y a analizarlo en detalle», según una de las fuentes.
Más protegida ante futuros procesos judiciales
Con esta desaparición, no habrá nadie que «ponga pegas» a las peticiones de rescate, lo que deja las manos libres al Gobierno para conceder las ayudas que desee sin preocuparse por la situación real de las empresas, por sus planes para recuperarse de la crisis o por su capacidad futura para devolver el dinero público.
Las fuentes consultadas explican que, paradójicamente, con este sistema la SEPI se protege ante eventuales causas judiciales en vez de quedar más expuesta. «Si un juez ve que alguien ha pedido una revisión o más documentación y no se ha hecho nada al respecto, puede apreciar indicios de delito. Pero si nadie ha pedido nada, no lo puede apreciar. Ser tonto no es delito».
