El 80% del empleo creado desde el fin del confinamiento han sido contrataciones públicas. Además, el gobierno ha revisado al alza los salarios que perciben estos trabajadores, con una mejora cercana al 1% en los ingresos de los funcionarios. Así las cosas, no sorprende que, según el último informe del Ministerio de Hacienda, el gasto de las Administraciones Públicas dedicado a remunerar a sus asalariados haya crecido un 4,6% entre enero y julio.
Durante los siete primeros meses del año, el gobierno central y las comunidades autónomas han acumulado un déficit presupuestario de 48.562 millones de euros. Esto significa que, cada día, el Estado gasta 210 millones más de lo que ingresa. Pero si se atiende al crecimiento de los Pasivos en circulación o deuda real, el desfase alcanza la friolera de 550 millones de euros cada día.
Además, tal cifra supone una reducción de apenas un tercio con respecto a los datos de 2020, cuando el estallido de la pandemia del coronavirus provocó un gran agujero en las cuentas públicas. Además, de mantenerse esta tendencia, el curso 2021 cerrará con un déficit cercano al 9% del PIB, lo que supondría una corrección de poco más de dos puntos con respecto al año anterior.
Los ingresos del Estado sumaron en esos siete meses 112.445 millones, que suponen un 16,7% más que en 2020. Este epígrafe se ve impulsado por la recaudación tributaria, que aumentó un 21,8% entre enero y julio hasta llegar a los 94.014 millones. De hecho, los ingresos obtenidos vía impuestos ya están por encima del dato de 2019, pese a la profunda crisis que atraviesa España, lo que da buena cuenta de la “masacre” fiscal que están sufriendo los contribuyentes.
El déficit de la Seguridad Social para enero-julio ascendió a 7.020, lo que permite anticipar un agujero del 1,5% del PIB para el conjunto del ejercicio. Se mantiene, pues, el agujero del sistema de pensiones, con un sistema lastrado por la destrucción de empleo y por las continuas revisiones al alza de estos pagos.
Las cuentas de las CCAA
Si revisamos el desempeño de las comunidades autónomas, encontramos que Madrid se sitúa cerca del equilibrio presupuestario (con un descuadre de apenas el 0,32% del PIB), mientras que en otros territorios se registran incumplimientos mucho mayores, caso de Navarra (cuyo déficit equivale al 1,3% del PIB). El déficit promedio de las comunidades para enero-julio ha sido del 0,53% del PIB.
En clave nacional el Ministerio de Hacienda reporta 11.044 millones de gasto “extra” en materia socio-sanitaria. En el caso de las comunidades, el desembolso adicional habría sido, en promedio, del 0,3% del PIB. Madrid, que no cerró su economía como hicieron otras comunidades y optó por una política de adaptación al virus, reporta un gasto socio-sanitario asociado a la pandemia del 0,2% del PIB, por debajo de la media nacional.
La factura oculta del ‘sanchismo’: el déficit estructural ya supera los 60.000 millones
A menudo hablamos sobre el déficit presupuestario de las Administraciones Públicas refiriendo cuál ha sido el equilibrio entre ingresos y gastos durante un ejercicio concreto. Sin embargo, aunque esta medición es de uso recurrente y generalmente aceptado, no debemos obviar el hecho de que está influenciada por el ciclo económico.
Es por eso que la mayoría de analistas incorpora también en sus estudios el análisis del déficit estructural, que no es otra cosa que el componente del déficit público que no está relacionado con la coyuntura económica o con gastos puntuales y extraordinarios, sino que contabiliza las decisiones de ingresos y gasto con la mirada puesta en su permanencia en el tiempo.
Pues bien, en el caso de España, el último informe de coyuntura del Instituto de Estudios Económicos encuentra que “el saldo saldo presupuestario corregido de su componente cíclico (saldo estructural) se deterioró ampliamente en el último año, creciendo del 3,8% al 4,2% del PIB durante el año 2020, lo que refleja una ampliación de los desequilibrios”.
Además, según las previsiones de la Comisión Europea, “este componente del déficit público se situaría en el 5,2% del PIB en 2022, siendo España junto a Italia uno de los países de la Eurozona con mayor porcentaje de déficit estructural”. En términos monetarios, hablamos de un descuadre que supera los 60.000 millones de euros.
Así, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha estimado que el coste estructural de la pandemia y su gestión para las arcas públicas sería mayor de un punto de PIB, lo que solo contribuye a ahondar lo que IEE define como “una posición de desequilibrio que dificulta el cumplimiento de los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento”.
Ante esta circunstancia, en el IEE advierten que “esta debilidad de las finanzas públicas supone una amenaza para la viabilidad del Estado de Bienestar y debe mover al diseño de una estrategia a corto y medio plazo de consolidación fiscal, orientada a asegurar un entorno económico estable y previsible, que contemple como principal objetivo la reducción del déficit estructural y, con ello, de la deuda pública”.
