El sector público concentra el 80% del empleo creado desde el fin del confinamiento

Funcionarios españoles felices

El sector público “maquilla” la situación real de la economía, inflando las cifras de producción a base de multiplicar las emisiones de deuda.

El sector público está “maquillando” la situación real de la economía española, inflando las cifras de producción a base de multiplicar las emisiones de deuda. Así se desprende del último informe semestral de UFM Market Trends, en el que se certifica la mejora de la producción registrada de enero a junio pero se confirma la fragilidad de un “rebote” basado en el gasto público.

El estudio se remonta a 2019 para comparar los niveles de actividad que se están registrando en 2021 y constata que el PIB español está ahora un 11% por debajo de las cotas observadas antes de la pandemia, mucho peor que el descenso del 3% que se anota Alemania, la caída del 5% que se ve en Francia o la corrección del 7% que ha marcado Italia. Lo mismo sucede si se establece la comparación con la vecina Portugal, donde el PIB es un 6% más pequeño que en 2019.

Más allá de la evidente mejora que han experimentado muchos indicadores en comparación con un año “negro” como fue 2020, el estudio del servicio de análisis económico de la Universidad Francisco Marroquín constata las debilidades inherentes de una economía donde, por ejemplo, el 80% del empleo creado en los doce últimos meses se ha concentrado en el sector público. Por tanto, por las plantillas de las Administraciones suman 8 de cada 10 empleos creados desde julio de 2020, fin del confinamiento, hasta junio de 2021, inicio de la campaña de verano que ahora está llegando a su fin.

En 2020, la expansión crediticia fue vital para amortiguar la caída de la economía, hasta el punto de que los bancos cerraron el ejercicio de 2,9 billones de euros en activos bajo gestión, un repunte interanual del 10% que supone la tasa más alta desde 2008. En lo que va de año, se mantiene la tendencia, con un aumento del 7,7% en el primer trimestre y del 6,6% en el segundo, según recalca el informe, firmado por el financiero David de Bedoya Azorín.

De igual manera, el déficit público ha “explotado” y, mientras que el descuadre registrado en 2017, 2018 y 2019 fue inferior al 3,5% del PIB, en 2020 se produjo un salto hasta el 10,8% del PIB. Para el primer trimestre de 2021, la desviación entre ingresos y gastos fue aún mayor, si cabe, llegando al 11,3% del PIB. Todo este ha hecho que la deuda pública se dispare del 95,5% al 125% del PIB entre el cuarto trimestre de 2019 y el primero de 2021. En términos monetarios, las obligaciones del Tesoro se han disparado un 17%.

El empleo público se dispara: así engorda la nómina de trabajadores de la Administración

La aparente recuperación laboral observada entre abril y julio ha llegado a su fin, topándose de bruces con la cruda realidad de una economía que opera muy por debajo de los niveles anteriores a la pandemia. En este sentido, el último boletín mensual del Servicio Público de Empleo (SEPE) ha sido el jarro de agua fría que ha terminado con la propaganda del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre una recuperación que, hoy por hoy, está lejos de materializarse.

En agosto de 2021, la Seguridad Social ha perdido una media de 118.004 cotizantes con respecto al mismo mes del pasado ejercicio 2020. A esta cifra hay que sumarle la friolera de 227.190 personas que siguen afectadas por un ERTE tras más de año y medio de pandemia, así como los 226.000 autónomos que están en cese de actividad.

Es importante tomar en consideración, además, el dato de afiliados a final de mes, puesto que en la campaña de verano hay mucho empleo que se extingue con el fin de las vacaciones. Así, aunque el pasado 31 de agosto se rescindieron 82.000 contratos con respecto al 31 de julio, este año la reducción ha sido de 350.000, casi cuatro veces más que en 2020.

Pero lo más llamativo de todo es comprobar cómo el gobierno está maquillando la situación real del empleo a base de engordar la plantilla de trabajadores de las Administraciones. Y es que, como recalcaba el economista Daniel Lacalle en sus redes sociales, esta rúbrica se ha incrementado en 180.000 empleados desde el verano de 2020, lo que supone un fortísimo aumento del 7%.

No es esta la primera señal de alarma sobre esta cuestión. Si repasamos la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2021 y la comparamos con el mismo periodo de 2020, encontramos que la plantilla de las Administraciones Públicas pasó de 3.225.900 a 3.439.600 efectivos, lo que implica la incorporación de 213.700 nuevos funcionarios y contratados.

La próxima EPA, que se publicará en octubre, recogerá también el aumento que avanzan los boletines mensuales del SEPE para los pasados meses de julio y agosto, salvo que en septiembre se produzca un cambio de tendencia que, hoy por hoy, se antoja poco probable, especialmente porque dicho mes del año suele coincidir con un aumento de las plantillas dedicadas a ciertos ámbitos como la sanidad.

Gasto público y funcionarios: los “récords” de la vergüenza de las cuentas del Gobierno para 2022

El Gobierno da el pistoletazo de salida a los Presupuestos más caros de la historia. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros un nuevo techo de gasto récord a pesar de que los gastos derivados de la pandemia del coronavirus han caído (prestaciones por ERTE, por cese de actividad de los autónomos…).

El techo de gasto es esa barrera máxima —y teórica— del gasto no financiero del Estado. El año pasado, en plena crisis del coronavirus, la limitación alcanzó las friolera de 196.097 millones de euros, lo que supuso un 50% más que la cifra del año anterior y un nivel nunca visto… hasta ahora. Así, en 2022, este indicador alcanzará los 196.142 millones de euros, una cifra ligeramente superior a la de un año antes. Como el Gobierno presume de “recuperación” económica, lo responsable hubiera sido empezar a reducir el gasto del Estado, pero no es la intención del Ejecutivo.

El techo de gasto incluye los fondos europeos, que si no se contaran se situaría en 169.787 millones de euros, un 0,7% más (en 2021, la cantidad de fondos europeos fue mayor). Además, esta cuantía también incorpora las transferencias de los llamados gastos impropios de la Seguridad Social, una triquiñuela contable que finge reducir el déficit del sistema de pensiones, pero que consiste en cambiar unas partidas de una categoría a otra sin realizar ningún ajuste. En este caso, el ingreso de la Seguridad Social a los Presupuestos será de 18.396 millones de euros.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha descartado hacer ningún tipo de “ajuste de gasto”. Su plan será “llevar” el dinero público de las partidas sanitarias de 2020 a otros destinos sin concretar, pero que nada tienen que ver con la pandemia. Montero ha compartido rueda de prensa con la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que ha abierto la puerta a subir el SMI antes de que acabe el año. Subir o no el SMI por encima de los 950 euros actuales venía enfrentando a Nadia Calviño y Yolanda Díaz en los últimos meses.

Otra de las partidas de gasto récord es el aumento de empleo público, al que el Gobierno va a sumar 30.455 nuevas plazas. Esta convocatoria, que supone elevar un 8,5% las 28.055 plazas convocadas el año pasado, será especialmente intensiva en áreas relacionadas con la ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas. Según Montero, se ha hecho un “esfuerzo importantísimo” con las ofertas “históricas” de empleo público desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se puso al frente del Ejecutivo en 2018. Tanto es así, que hay un 73% más de plazas convocadas entre 2018 y 2021 que las que se convocaron entre 2012 y 2017.

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La nueva oferta de empleo público, la subida del sueldo de los funcionarios, la de las pensiones y todo tipo de partidas electoralistas donde va a parar el dinero del contribuyente explican estas cifras nunca vistas hasta ahora.

El Gobierno desborda optimismo

Respecto al cuadro macro, el Gobierno no ha movido ni un ápice los principales indicadores económicos, después de que el pasado mes de abril Calviño se equivocara en 36.500 millones y anunciase la mayor revisión del PIB a la baja desde 2009. Así, ha mantenido en el 6,5% su previsión de crecimiento para este año y en el 7% para 2022.

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A pesar de que diferentes organismos y casas de análisis han mejorado sus perspectivas sobre España en algunos ejercicios y empeorado en otros, los números del Gobierno de Sánchez siguen siendo los más optimistas. Por ejemplo, el FMI acaba de revisar a la baja la evolución del PIB este año y se queda en el 6,2%, mientras su pronóstico para 2022 sube, pero solo hasta el 5,8%, muy lejos del 7% del Gobierno.

El FMI no es el único que desconfía en el futuro de nuestro país en 2022, ya que ha dado los mismos números que el Banco de España. Por su parte, la Comisión Europea (CE) elevó a principios de julio tres décimas, hasta el 6,2%, su estimación de crecimiento para la economía española, pero rebajó cinco décimas la de 2022, al 6,3%. También se queda lejos de las cifras del Gobierno Funcas, que aunque ha subido al 6,3% su previsión de crecimiento para este año, recorta al 5,8% la de 2022.

El Ejecutivo también ha mantenido sus estimaciones sobre la tasa de paro, que se situará este año en el 15,2% a pesar de que todavía quedan unos 400.000 afectados por un ERTE que no se consideran parados en las estadísticas del SEPE y ayudan a maquillar las estadísticas.

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Además, también han introducido otras insólitas “variables macro” que miden la parte ecologista, feminista, digital y de cohesión del PIB.

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Para 2022, las reglas fiscales siguen suspendidas, por lo que no habrá ni objetivos de deuda o déficit público, lo que supone obviar cualquier tipo de ortodoxia o responsabilidad en las cuentas del Estado. Aun así, la ministra de Hacienda se ha comprometido a mantener su previsión de déficit público, al augurar un agujero del 8,4% del PIB este año, y ha establecido una tasa de referencia de déficit del 5% en 2022. La ministra ha explicado que en dos años el déficit se habrá reducido más de un 50%.

Esta reducción del déficit sin reducir gasto solo puede llevarse a cabo por la vía de los impuestos. Así, Montero se encomienda a conseguir recaudación suficiente para cumplir sus cálculos gracias a la recuperación y prevé que las arcas del Estado aumenten un 4,6% de recaudación, “la cantidad sobre la que se sustenta todo el andamiaje”, ha dicho. No ha mencionado las nuevas figuras fiscales que podría incrementar en 2022.

España fue la economía más golpeada por la pandemia en 2020 y este año cerrará con el déficit más alto de toda Europa y, probablemente también, con la mayor tasa de paro. Además de para seguir ampliando el agujero del Estado, el aumento del empleo público podría maquillar las cifras de paro. Con la deuda pública superando la barrera del 125% del PIB, urge controlar los desequilibrios presupuestarios.

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