Las directrices del Consejo Interuniversitario fueron recurridas por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), ya que se consideraba que vulneraban los derechos lingüísticos de los alumnos.
Hace unos meses, el Consejo Interuniversitario de Cataluña dictó una serie de instrucciones para realizar los exámenes de Selectividad, como cada año. La controversia radicó en que establecía como norma que solo si algún alumno lo pedía, la prueba se entregaría en castellano. Ahora, la Justicia le ha quitado la razón, obligando a la Generalitat a garantizar los exámenes de septiembre en dicha lengua desde un principio.
Las directrices del Consejo Interuniversitario fueron recurridas por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), ya que se consideraba que vulneraban los derechos lingüísticos de los alumnos.
La orden para los exámenes que tuvieron lugar entre los días 8 y 11 de junio para la prueba de acceso a la universidad (PAU) era que los profesores debían “repartir primero los enunciados de examen en catalán y, solo si algún alumno lo pide, darle la versión en castellano y recuperar la versión en catalán”.
Además, “a efectos estadísticos”, se pedía “hacer constar en informe cuántos se libran en castellano sin identificar a los alumnos”.
Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha reprendido al Consejo Interuniversitario por “vulnerar la neutralidad” en las pruebas de la PAU en la convocatoria de junio y exige que en la convocatoria extraordinaria de septiembre (entre los días 7 y 9 de este mes) se “respeten los derechos lingüísticos de los alumnos”.
Se deberá entregar “un único ejemplar con los idiomas oficiales o bien en el momento del reparto entregar al alumno el ejemplar en la lengua de su elección”.
La Justicia en Cataluña ha requerido tanto a la presidenta del Consejo, la actual consejera de Investigación y Universidades, como al secretario general del Consejo Interuniversitario, que dicten “unas nuevas instrucciones a los presidentes de los tribunales”.
Sin “identificar a los alumnos”
Así, exige que “no se identifique a los alumnos, cualquiera que sea su opción lingüística, ni se anote la elegida. Además, los profesores que vigilen los exámenes deberán “ofrecer los enunciados en cualquiera de las lenguas cooficiales en Cataluña”.
En la práctica, eso conlleva que “los profesores vigilantes, vocales o presidentes de los Tribunales no podrán repartir en las materias no lingüísticas primero los exámenes en catalán y preguntar a los alumnos si lo quieren en castellano”.
Deberán entregar “un único ejemplar con los idiomas oficiales o bien en el momento del reparto entregar al alumno el ejemplar en la lengua de su elección para lo que deberán ofrecerles los ejercicios en las lenguas oficiales”, reza el auto del TSJC.
Finalmente, el documento señala que la AEB “estará muy atenta sobre el grado de cumplimiento de este nuevo auto del TSJC y, en caso de que se vulneren los derechos lingüísticos de los alumnos en la convocatoria de septiembre, reclamará las responsabilidades oportunas”.
