“Las estaciones de servicio pueden haber aumentado sus precios como respuesta a la bonificación”, señala el organismo tras la visita de sus hombres a España para evaluar esta y otras políticas económicas.
El Fondo Monetario Internacional duda de la eficacia del descuento a los carburantes aplicado por el Gobierno de Pedro Sánchez desde abril de 2022 a enero de 2023. El organismo internacional sospecha que las gasolineras pueden haber inflado los precios aprovechando el descuento, en línea con las denuncias lanzadas por diversos expertos. El FMI señala en el reporte de evaluación de las políticas económicas en España que “las estaciones de servicio pueden haber aumentado los precios en respuesta a la medida“, consistente en bonificar 20 céntimos por litro de diésel y gasolina.
El organismo con sede en Washington respalda sus sospechas en las conclusiones a las que han llegado varios expertos y académicos en la materia publicadas durante 2022. El informe sobre las políticas de la economía española elaborado tras la visita de los hombres de negro del FMI a España se hace eco de los estudios que apuntan que se ha inflado la gasolina 95 entre 0,7 y 3,5 céntimos por litro, y entre 3,7 y seis céntimos por litro el gasóleo A.
Es decir, que de confirmarse estas sospechas, las gasolineras se habrían quedado más de 1.500 millones de euros a costa del bolsillo de los consumidores, ya que la medida ha supuesto un gasto de 6.000 millones para el contribuyente. De los 20 céntimos de bonificación, las grandes estaciones de servicio (Repsol, Cepsa y BP, fundamentalmente) estaban obligadas a poner cinco céntimos, a los que posteriormente añadían otros descuentos para fidelizar clientes.
Para respaldar su tesis en un informe consultado por la comunidad internacional de inversores, el FMI cita los artículos de los doctores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Barcelona, Juan Luis Jiménez, Jordi Perdiguero y José Manuel Cazorla Artiles. Estos autores concluyen que “en un mercado con severos problemas de competencia en todos los eslabones de la cadena productiva, y una demanda inelástica, el establecimiento de un subsidio permite que los productores se apropien de una parte de este”.
Por otro lado, también denuncian “la inefectividad de la medida: una parte de la subvención no se refleja en menores precios para los consumidores, que deberían pagar 20 céntimos menos, y no 15 como realmente está pasando. Además, con la agravante doble del coste que tiene para el sector público y el medioambiental, al estar financiando e incentivando la generación de emisiones contaminantes”.
Estos autores están dando soporte académico a algunos despachos de abogados que están tratando de sacar adelante demandas colectivas frente a las petroleras por entender que en el pasado han cometido delitos contra el consumidor, encareciendo artificialmente los precios ante la falta de competencia.
El FMI también cita en este punto el informe de Esade elaborado por Manuel Hidalgo, Ángel Martínez y Natalia Collado. Dicho análisis concluye que “las estaciones del servicio parecen haber respondido a la introducción del descuento con aumentos del precio de la gasolina (0,7 céntimos) y del gasóleo (3,52 céntimos)”. “Han sido principalmente las gasolineras independientes y en menor medida las abanderadas de las grandes compañías las que han capturado una mayor parte del descuento”.
En este punto, los académicos de la escuela de negocios de Esade creen que “estos resultados residen en un fallo de diseño de la política con respecto a las estaciones de servicio independientes“, que obligaba a anticipar los descuentos a los comercializadores de los carburantes, lo que tensionó su caja.
Los resultados alcanzados por el FMI en su Artículo IV, como se denomina el reporte que hace tras el análisis de campo en España de sus economistas y expertos, ponen de manifiesto los resultados de los estudios académicos frente a las conclusiones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que asegura que “de forma general, las bonificaciones de los carburantes se están trasladando al consumidor”.
En la misma línea se expresó a finales de junio la presidenta del organismo encargado de velar por la competencia y el buen funcionamiento de los mercados, Cani Fernández, pese a que los informes publicados por los técnicos de la propia CNMC indicaban que las gasolineras habían disparado los márgenes brutos de distribución casi un 25% (casi cinco céntimos) justo después de que entrara en vigor la bonificación del combustible. Se trata del mayor aumento de márgenes nunca antes visto. Solo tras el estallido de la pandemia en 2020, cuando el confinamiento hundió el precio del petróleo, se vio un aumento de márgenes brutos (el coste del carburante sin contar el petróleo y los impuestos) similar al de abril del pasado año.
Pese a que la CNMC no considera que se inflaran los precios, la dirección de Competencia de este organismo hizo una inspección de control en las sedes de Repsol, Cepsa y BP en diciembre para constatar que sus altos precios de distribución mayorista y sus agresivos descuentos en sus estaciones de servicio no estaban mermando la competencia de otros operadores, tal y como avanzó El Confidencial. La investigación aún está en curso, sin que por el momento se haya abierto expediente.
El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos retiró el descuento a los carburantes el pasado 1 de enero de 2023. Entre otras razones, el Ejecutivo esgrimió que era una ayuda regresiva, que beneficiaba más a las rentas más altas, tal y como había puesto de manifiesto la AIReF. En su último reporte, el FMI también llega a esta conclusión: “Las bonificaciones para el combustible benefician de forma desproporcionada a los hogares más ricos”.
