España vio nacer en 2022 a apenas 329.812 bebés. No solo son 7.011 menos que en 2021 (cuando se registraron 336.823 nacimientos) sino que además es la menor cifra desde que se comenzó a medir en 1941 la estadística de nacimientos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es decir, la más baja en 81 años.
Los datos publicados este miércoles por el organismo estadístico confirma la tendencia a la baja que se viene registrando en los últimos años desde que en 2016 se contabilizasen 408.734 nacimientos. La cifra de este año, además, supone apenas 903 alumbramientos al día, 79 menos que en cada jornada de 2019 (antes de la pandemia y primer año en el que ese promedio bajó del millar).
La reducción porcentual es además del 2,08% respecto a 2021 y casi cuatro veces mayor, del 8,07 %, en comparación con 2019. De esa caída solo se salvaron el año pasado Madrid, con un 1,68 % más de alumbramientos; Castilla y León, con un 0,77 % más; Asturias, un 0,52 % más; y la Comunidad Valenciana, un 0,36 % más. Por el contrario, los mayores descensos se registraron en Castilla-La Mancha (-7,44 %), Navarra (-6,80 %) y Canarias (-5,38 %).
Además, los 329.812 nacimientos son 132.558 menos que las 462.370 defunciones que, también según los datos del INE, se produjeron el pasado año en España. Una diferencia negativa que se produjo en todas las comunidades excepto Madrid, con 2.136 nacimientos más que fallecimientos; y Murcia, con 318; además de Melilla (377) y Ceuta (96). La mayor diferencia se alcanzó en Galicia (con 20.389 defunciones más que nacimientos) y Castilla y León (18.420), por delante de territorios más poblados como Andalucía (16.079), la Comunidad Valenciana (14.612) y Cataluña (14.154).
En el caso de las defunciones, que fueron un 3,26% más que en 2021 y un 11,44% más que en 2019, aumentaron en todas las comunidades, con Cantabria muy por delante de todas las demás (un 16,79 % que multiplica por cinco la media nacional), seguida de Cantabria, Castilla y León y Canarias.
Por otro lado, de los datos del INE se desprende que en las cuatro primeras semanas de 2023 han fallecido en España 38.543 personas, según datos estimativos. Se trata de 4.148 personas menos que en el mismo periodo de 2022 (con 42.691) y la cifra más baja en esas mismas semanas desde 2020. Respecto a los años anteriores, en 2021 hubo 47.979 defunciones durante las cuatro primeras semanas del año, frente a las 37.979 de 2020 y las 39.769 de 2019. En 2018 hubo 43.414 fallecidos en el mismo periodo.
La cifra del INE se conoce pocos días después de que el XII Barómetro de las Familias en España, encargado por The Family Watch a la empresa de investigación GAD3, explicase que formar una familia se sitúa a la cola de la lista de prioridades para los españoles menores de 45 años. La gran mayoría decía que lo tiene mucho más difícil a la hora de criar hijos respecto a generaciones anteriores, al deterioro de la salud mental y al aumento de la incertidumbre.
La prioridad para los jóvenes españoles sigue siendo viajar y conocer diferentes culturas (73%), seguida de prosperar profesionalmente (65%) y ampliar los estudios (50%); quedando en último lugar la decisión de formar una familia. Aun así, cabe destacar que ha aumentado hasta un 62% el porcentaje de los jóvenes que tienen el deseo de tener hijos, una proporción considerablemente superior con el 26% que también lo quería durante la pandemia, en 2020; y el 46% de 2021.
España, hacia el suicidio demográfico y la pérdida de identidad: el 10% de los niños que nacen son de padre musulmán
El mensaje entusiasta de las élites globalistas es que somos demasiados y que cada niño que llega al mundo no es un motivo de alegría, sino una carga más para el planeta. En España y en el resto de Europa, salvo en países como Hungría, donde desde hace una década existe el compromiso por fomentar una nación que apoye a las familias para hacer frente a la emergencia demográfica –entre 2010 y 2015, el número de abortos se redujo en 9.000, un 23%–, la crisis de natalidad se acentúa cada año. El número de nacimientos cayó un 1,2% en España en 2021 y la tendencia a la baja –en niveles mínimos de la serie histórica– se mantuvo el pasado 2022.
La natalidad está por debajo de la tasa de remplazo en todo el continente, lo que lleva al suicidio demográfico. La tasa de fecundidad de las españolas a descendió en 2019 al 1,17, lejos del 2,1 que garantiza el relevo generacional y la estabilidad de la población. En 1975, por ejemplo, las mujeres españolas tenían de media 2,8 hijos. Además, desde las instituciones se ataca en ocasiones a la familia –o se legisla contra ella–por ser la unidad básica de la sociedad, un espacio siempre de libertad y un obstáculo en su proceso de ingeniería social. «A la vez que se ataca a la familia se propone que sea la inmigración ilegal, masiva y descontrolada –cuyas consecuencias paga el español corriente– la que palie la pirámide invertida.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó un informe el pasado año en el que sostenía que España ganará más de cuatro millones de habitantes en 2037 (llegará a 51,67 millones) y más de cinco en 2072 (llegará a 52,9) si se mantiene el salto migratorio actual. El documento recogió que la población nacida en España irá disminuyendo poco a poco y pasará del 84,5% de hoy a poco más del 60% en medio siglo. El número de musulmanes, por ejemplo, en España es de 2,25 millones, según la última estimación de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE). De ellos, más de 617.00 están sólo en Cataluña. La cifra de 2,25 significa más del 4,7% del total –contando inmigrantes y nacionalizados–. En España –y en toda Europa– el porcentaje crecerá. Según una estimación de la Fundación Renacimiento Demográfico, el 10% de los bebés que nacen hoy en España tienen padre o madre musulmán. En provincias como Almería, Gerona, Lérida o Tarragona supera de forma amplia el 20%.
Un informe publicado hace seis años por Pew Research Center recogió que entre 2010 y 2015 los nacimientos de musulmanes representaron casi un tercio (31%) de todos los del mundo, superando así la proporción musulmana en todas las edades (24%, en 2015). El mismo organismo publicó que la población musulmana podría crecer hasta el 17,4% en Francia (hoy está sobre el 8,8%) y el 10,8% en Alemania en 2050 (hoy, en el 6,1%). Y en Noruega, por ejemplo, se publicó en 2014 que el nombre Mohamed era el más común entre los varones. Mohamed y sus variantes llevaba desde 2010 encabezando la lista de nombres más utilizados en recién nacidos.
En este contexto, son muchos los que recuerdan aquellas palabras del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que en 2017 llamó a los turcos a tener al menos cinco hijos para ser «el futuro de Europa». «Hago un llamamiento a mis hermanos y hermanas en Europa. No tengáis sólo tres hijos, tened cinco. El lugar en el que vives y trabajas es ahora tu nueva patria. Abran más negocios, inscriban a sus hijos en mejores escuelas, hagan que sus familias vivan en mejores barrios… Ustedes son el futuro de Europa», agregó.
El futuro de las pensiones cada vez más sombrío tras el desplome de la natalidad en 2022
España registró en 2022 un nuevo mínimo de nacimientos: 329.811, según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística. Esta cifra es un 51% más baja que en 1976, y la más reducida desde los últimos ochenta años. La caída de la natalidad plantea un futuro muy sombrío para las pensiones porque en la actualidad la relación de los activos que financian el retiro de los jubilados -en un sistema de reparto como el español- es de dos a uno, mientras durante los últimos años de la dictadura de Franco esta proporción era de siete frente a uno. En el caso de los bebés de madres nacidas en España, el número de nacimientos es un 65% menor al del inicio de los momentos de la transición a la democracia.
La financiación de las pensiones se complicará más a largo plazo si tenemos en cuenta que la tasa de desempleo es superior al 13%, la más alta de la zona euro; y que de momento no se han adoptado medidas para elevar la edad de jubilación, a pesar de que el índice de longevidad aumenta sin cesar y que muchas de las personas mayores están en condiciones de alargar su vida laboral. Irónicamenete, la productividad de los trabajadores tiende a descender a partir de los 60 años, favoreciendo su progresiva salida del mercado de trabajo y su ingreso en el paro, drenando recursos al sistema y complicando la financiación del sistema de pensiones. «Estamos asistiendo a un deterioro continuo de la relación entre activos y jubilados que amenaza a largo plazo la sostenibilidad del modelo», asegura el demógrafo Alejandro Macarrón.
La reforma del sistema de retiro es una de las cuestiones que todavía tiene pendiente de resolver el Gobierno de Sánchez desde que, una vez instalado en La Moncloa, decidió poner fin a toda la estrategia diseñada por el Ejecutivo precedente de Mariano Rajoy, en la que se incluía el llamado factor de sostenibilidad a fin de que la revalorización de la pensión se hiciera atendiendo al estado de cuentas de la Seguridad Social, evitando el aumento del déficit público. Aunque el ministro José Luis Escrivá ha tratado de compensar el cambio de régimen aumentando las cotizaciones sociales de los empresarios así como las cuotas sociales de los autónomos -en un claro perjuicio para la creación de empleo-, el modelo sigue haciendo aguas, preso de planteamientos ideológicos como la decisión de revalorizar este año las pensiones un 8,5% para adaptarlas a la evolución rampante de la inflación y así seguir conservando la capacidad adquisitiva de los mayores, aunque perjudicando el equilibrio presupuestario.
Esta estrategia alternativa ha sido desaconsejada por todos los organismos internacionales -el FMI o la OCDE, que agrupan a todos los países desarrollados del mundo- y preocupa a la Comisión Europea, hasta el punto de que la reforma del sistema de pensiones y el aseguramiento de su sostenibilidad es un asunto crucial para que España siga recibiendo la parte de los fondos europeos que está condicionada al impulso de reformas estructurales que impulsen la competitividad de la economía. Escrivá planeaba alargar la llamada contributividad –el número de años que se tienen en cuenta para el cálculo de la pensión y que, en consecuencia, tiene el efecto de reducir a medio plazo las jubilaciones-, pero la oposición de los sindicatos y los recelos del propio Gobierno en pleno año electoral han aconsejado congelar esta clase de planteamientos.
La caída brutal de la natalidad representa un problema añadido y grave de cara al futuro. Entre los expertos no hay consenso sobre cómo afrontarlo. El demógrafo Macarrón es partidario de políticas natalistas de apoyo a las familias, basadas en una fiscalidad favorable en relación con el número de hijos. José Antonio Herce, uno de los más importantes especialistas en pensiones del país, es partidario de un enfoque adicional que pasa por el fomento de la conciliación familiar, la inversión masiva en guarderías públicas en lugar de ayudas directas por hijos, y en remover toda la clase de los obstáculos que ahora disuade a los matrimonios de tener descendencia. Herce, sin embargo, también coincide en que la caída aguda del número de nacimientos complicará mucho a largo plazo la financiación de las pensiones.
El modelo de retiro en España es muy generoso. Es verdad que millones de pensionistas reciben pagas mensuales muy reducidas, pero las que ingresan son desproporcionadamente elevadas con relación al esfuerzo contributivo que hicieron en su carrera laboral, claramente insuficiente. Al mismo tiempo, a la vista de las medidas que se están adoptando, debatiendo y proponiendo desde diciembre de 2020 hasta ahora es muy difícil creer en que el sistema alance la sostenibilidad necesaria para que las promesas de mejores pensiones puedan cumplirse, opina Herce. Y esto es así porque las medidas que se están tomando aumentan los gastos más que los ingresos de manera sistemática.
