Hay menos de 2 trabajadores por cada jubilado en más de 15 provincias

Pensionistas protestando

La continuidad del sistema de pensiones lleva varias décadas en tela de juicio. Las personas que forman parte de la fuerza laboral y que, por consecuencia, financian el sistema de pensiones a través de sus impuestos es cada vez menor en comparación con el número de pensionistas. Esta correlación, conocida como la tasa de reemplazo, es cada vez más preocupante en nuestro país, donde en más de 15 provincias ya hay dos o menos trabajadores por cada pensionista.

Según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), la ratio de ocupados por cada jubilado o pensionista se ha mantenido en el último trimestre en el entorno de los 2,40, mientras que 2021 cerró con una relación trabajadores por pensionista de 2,2, una cifra que si bien ha aumentado con respecto a 2020 (cuando alcanzó el 2,14), aún se sitúa lejos de la tasa -2,6- que, según los expertos, sería necesaria para que desapareciera el actual déficit contributivo de la Seguridad Social.

Sin embargo, la situación en algunas provincias es más compleja: Galicia es la comunidad con menor tasa de reemplazo. Orense es la provincia con la ratio más baja -casi un trabajador por cada pensionista-, seguida de Lugo, Asturias y Zamora, con 1,5 empleados por cada persona retirada. Asimismo, La Coruña, León, Teruel, Pontevedra, Cáceres y Jaén tampoco llegan a los dos trabajadores por cada pensionista. Justo en ese umbral se encuentran Salamanca, Palencia, Guipúzcoa, Córdoba y Castellón. En el lado contrario, Guadalajara registra casi cuatro trabajadores por cada pensionista, seguida de Las Palmas (3,2) y de Albacete, Baleares, Madrid y Toledo con tres empleados por cada español retirado.

El envejecimiento de la población es un de los grandes problemas que pone en jaque la sostenibilidad del sistema de pensiones. En las últimas dos décadas, el número de jubilados por cada persona mayor de 16 años -es decir, en edad legal de trabajar- se ha incrementado en un 30%, lo que, sumado a las políticas de despilfarro de Sánchez y a la próxima jubilación de la generación del baby boom alejan el objetivo de reducir el actual déficit contributivo de la Seguridad Social.

Un año más, las cifras de envejecimiento en nuestro país vuelven a sorprender al alza. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2022 España ha registrado un nuevo máximo de envejecimiento, del 133,5% o, lo que es lo mismo, ya se contabilizan 133 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. Esta cifra supone el mayor crecimiento desde 1999, de 4,4 puntos porcentuales, teniendo en cuenta que el año pasado se situó en un 129,1%. En otras palabras, España no envejecía tanto desde hace 23 años.

“La ratio actual no garantiza la sostenibilidad del sistema de pensiones y exige dar respuesta urgente a retos como la cronificación sistemática del desempleo entre los profesionales más veteranos, invertir más recursos para regularizar la economía sumergida o impulsar incentivos fiscales y laborales para impactar en las familias y estimular la natalidad. Además, los planes privados y de capitalización habrán de adquirir una progresiva importancia, como ya sucede en países como Alemania, Reino Unido o Dinamarca”, afirma Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

El envejecimiento de la población constituye uno de los fenómenos más determinantes de este siglo, siendo sus efectos ya muy evidentes, y particularmente visibles en el mercado laboral. Así, el 20% de las personas que tienen trabajo o lo buscan en España tiene 55 años o más, frente al 12% de hace una década. Manteniendo esta evolución, en 2030 supondrán cerca del 30% de la población activa.

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