El Debate revela la existencia de una asesoría sindical coincidiendo con las penalizaciones del Gobierno hacia el ahorro privado para la jubilación.
Altos cargos de los sindicatos UGT y CCOO figuran como gestores de un fondo privado de pensiones que ingresa 2 millones de euros al año. El fondo, denominado Consultora de Pensiones y Previsión Social Sociedad de Asesores (CCPS), se promociona en oficinas sindicales sin aclarar quién está realmente detrás de la compañía. El Debate revela hoy la existencia de esta entidad coincidiendo con las penalizaciones del Gobierno hacia el ahorro privado para la jubilación.
Entre los productos financieros que gestiona CCPP, se encuentran diversos tipos de planes de pensiones privados, a los que denominan «inversiones socialmente responsables». También promocionan asesoramientos financieros, fijación de objetivos en mutualidades y en Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSVs). También ofrecen servicios de identificación de la rentabilidad obtenida de las inversiones.
La presidenta de este fondo privado es María Engracia Cardeñosa Peñas, tesorera de CC.OO. Junto a ella también figura José Luis González Suárez, gerente de CC.OO. El resto de la cúpula directiva está conformada por cuatro consejeros: Luis Pérez Capitán (Secretario de Recursos y Estudios de UGT), Carlos Bravo Fernández (Secretario de Seguridad Social de CC.OO.) y Fernando Luján Frías (vicesecretario general de Política Sindical de UGT).
El cuarto directivo del fondo es Mariano Jiménez Lasheras, alto cargo de Planes y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía entre 1994 y 2013. Este fondo privado de pensiones cuenta con tres oficinas. La primera de ellas, donde está radicada la sociedad, se encuentra en Madrid. Concretamente en la calle Bravo Murillo. Las otras dos están ubicadas en las ciudades de Barcelona y Bilbao.
El Debate ha tenido acceso a las cuentas anuales de este fondo privado. En 2021 facturó 2.481.087,09 euros. De ese montante, más de la mitad fue destinado al pago de nóminas con cargo al fondo de pensiones. La partida de Gasto de personal de ese año fue de 1.738.715,28 euros. A día de hoy, la compañía cuenta con Fondos propios por valor de 1.227.385,06 euros, de los que 881.577,60 euros son beneficios obtenidos por la empresa que no se han distribuido entre sus propietarios.
Sin bonificaciones fiscales
La gestión de este fondo de pensiones privado por parte de las cúpulas sindicales de UGT y CC.OO. contrasta con la penalización que el Ministerio de Hacienda ha hecho al ahorro privado para la jubilación. En octubre del año pasado, como consecuencia de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, el Ejecutivo anunció descensos en las aportaciones a los planes de pensiones y otros sistemas de previsión social.
De esta manera, se reducen drásticamente los beneficios fiscales de los que se podían beneficiar los usuarios que optan por esta forma de ahorro. Esta eliminación va a provocar una notable caída en las ayudas estatales para la reducción de los tipos impositivos. La Agencia Tributaria estima que para 2023 las aportaciones a sistemas de previsión social será de 646 millones, un descenso del 23,4% respecto a la cifra de 836 millones de 2022, cuando ya había habido una caída del 10% sobre los 933 millones de 2021.
Sólo en la última década, CCPS ha ingresado un total de 23,2 millones de euros. Cada año, el Importe neto de la cifra de negocios de la compañía es prácticamente el mismo: 2 millones de media. En 2020 facturó 2.362.797,50 euros; 2.317.700,54 en 2019; 1.944.308,72 euros en 2018; 2.014.664,89 euros en 2017; 2.300.582,63 euros en 2016; 2.348.633,60 euros en 2015; 2.466.991,54 euros en 2013 y 2.574.487,32 euros en 2012.
Según el Registro Mercantil, el fondo nació el 22 de enero de 2004. El objeto social es «la reacción de estudios, asesoramiento, consultoría, auditoría, evaluación y revisión de estados económicos, financieros, jurídicos, actuariales y de inversiones». Figuras tan representativas en el ámbito sindical como Ignacio Fernández Toxo, exsecretario general de CC.OO., fue presidente de este fondo privado de pensiones entre los años 2006 y 2009.
Inyecciones públicas
El pasado 16 de enero, este fondo de pensiones privado recibió una subvención por valor de 12.000 euros procedente de la entidad pública Red, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esta partida estatal fue otorgada en el marco de las ayudas que el Gobierno está concediendo por la Agenda España Digital 2025.
Otro de los organismos públicos que recurre a los servicios del fondo de pensiones de la cúpula sindical es el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PSOE. El pasado 29 de septiembre de 2020 recibió un contrato de 4.840 euros para realizar un plan de pensiones del personal de la gerencia urbanística. Tres meses después, la misma institución volvió a fichar a la entidad para la «elaboración de un informe actuarial para los trabajadores partícipes del plan de pensiones que pasen a la situación de jubilación en 2020».
En su página web, el fondo CCPS oculta quién gestiona la empresa. «Tenemos como máxima la independencia, la cualificación y la profesionalidad de un equipo multidisciplinar». Sin embargo, no detalla quién conforma la compañía. En cambio, un alto cargo sindical crítico con este modelo de negocio ha aportado a este periódico los folletos digitales que ambos sindicatos distribuyen entre sus afiliados para promocionar el servicio.
El 23 de septiembre de 2015, el consejero de CCPS Jiménez Lasheras impartió una charla a decenas de sindicalistas bajo el título X Jornada Confederal de Previsión Social Complementaria. Durante la ponencia, explicó las ventajas de la regulación europea en materia de gestión de riesgos y aseguró: «No debe verse como una amenaza ni como una carga administrativa sino como una oportunidad de mejora».
