El coste de la pobreza infantil: 63.000 millones de euros al año y miles de vidas condicionadas Una persona que sufra pobreza en la niñez o en la adolescencia gana de media 5.130 euros brutos menos de salario.

Por primera vez en España un estudio coordinado por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil mide el impacto económico generado por la vulnerabilidad de algunas familias en España. Según el estudio, un niño en situación de pobreza ganará de media 5.000 euros menos al año y es posible que en un futuro sufra depresión. Así lo constata la Fundación Madrina.

Cada año se producen 63.079 millones de euros en costes para paliar la pobreza infantil en España, lo que equivale a un 5.1 por ciento del PIB español de 2019. Así lo concluido el estudio realizado por primera vez por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil.

El informe, impulsado por la Fundación “la Caixa” y elaborado por Olga Cantó, catedrática de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Alcalá  (Madrid), y  Libertad González, profesora de la Universidad de Pompeu Fabra Barcelona, ha señalado que calculando el coste de pobreza infantil se ha podido “dimensionar mejor la inversión y las medidas necesarias para combatirla”. Además, consideran que la estimación “elevada” recogida en el estudio indica que los recursos destinados, “si se hace de forma eficiente y desde edades tempranas, tiene un alto retorno económico y social”.

Según han expuesto las autoras, los resultados del estudio indican que para poder frenar la pobreza infantil, “además de ser una cuestión jurídica social, también lo es de inteligencia colectiva”, puesto que “crecer en pobreza tiene costes a largo plazo, no solo a nivel individual, sino también para el conjunto de la sociedad”.

La pobreza infantil sale cara tanto en el cómputo individual como en el colectivo. En concreto, este problema social cuesta a España cada año más de 63.000 millones de euros. Esta es la principal conclusión que deja el informe presentado este lunes por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil con la colaboración de la Fundación la Caixa. A raíz de la crisis de 2008, el número de niños y adolescentes afectados por la pobreza creció en España con mayor intensidad que el de los adultos. En 2013 el porcentaje marcó un pico. Entonces, el 30,6% de la población no adulta estaba en situación de pobreza. En 2019, último año del que el estudio tiene datos, era del 27,5%.

El estudio detalla que la pobreza infantil tiene principalmente dos efectos. De un lado, provoca que se obtengan menores ingresos cuando se es adulto, por otro, aumentan los riesgos de sufrir enfermedades. Así, el cálculo de los 63.000 millones que como mínimo cuesta a España cada año viene de dos vertientes diferentes. El estudio tiene en cuenta la pérdida de productividad para el país por los menores ingresos que tienen estas personas y los costes sociales sanitarios que generan la mayor incidencia de problemas de salud.

Una persona que haya sufrido la pobreza en su infancia o en su adolescencia gana de media 5.130 euros menos en su salario bruto anual. Tiene un 36% más de probabilidades de sufrir sobrepeso y es un 12% más propensa a sufrir depresión que alguien que nunca la haya padecido.

La pérdida salarial se explica por el nivel de estudios alcanzado, así como por diversos factores que afectan a la situación laboral. En el estudio se analiza si la pérdida de ingresos se debe al hecho de no trabajar o de cobrar salarios más bajos.

Los resultados muestran que estar en situación de pobreza en la adolescencia se relaciona en mayor medida con la pobreza laboral que con no tener empleo. Concretamente, aquellas personas que sufrieron pobreza en la adolescencia tienen un 12% menos de probabilidad de trabajar con contratos indefinidos y un 14% más de hacerlo con contratos temporales. Para las mujeres, sin embargo, el hecho de no trabajar es un factor especialmente relevante para explicar la disminución de los ingresos agregados. En todas sus definiciones, la pobreza infantil tiene un claro impacto sobre la calidad del empleo y estos efectos se diferencian en función del sexo: crecer en medio de la pobreza está asociado a menores niveles de empleo para las mujeres y a salarios más bajos para los hombres.

Save the Children ha alertado de que sólo el 16% de los hogares españoles en los que se pasa frío en invierno y no pueden pagar las facturas de la luz y el gas cuenta con el apoyo del bono social, en un contexto en el que 4,5 millones de personas abonan sus facturas con retraso por dificultades económicas y más de 6,7 millones no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada. Según la organización, el 13,1% de niñas, niños y adolescentes vive en estos hogares.

La entidad ha denunciado que la falta de cobertura del bono social sigue siendo “alarmante” y ha reclamado medidas efectivas al respecto. A diferencia de los hogares constituidos sólo por personas adultas, las familias con hijos a cargo afrontan más situaciones de endeudamiento, ya que priorizan su bienestar.

Carmela del Moral, responsable de Políticas de Infancia de Save the Children, ha explicado que “no para de crecer el número de familias que no ponen la calefacción en invierno por no poder pagar la factura o que la ponen menos de lo que deberían para evitar pagar facturas que no pueden asumir”.

Según los datos disponibles, casi un 17% de las familias españolas tienen un gasto desproporcionado en energía y más de un 10% consumen menos energía de la que deberían por miedo a no poder pagarla.

Sanae vive en Barcelona con su hermano y su hija de 9 años. “El fin de semana, cuando utilizo el horno, dejo las puertas abiertas para que se caliente un poco la casa”, cuenta. No tiene calefacción, pero sí una factura de luz pendiente porque ahora mismo no puede hacer frente a este gasto. “Mi hija es muy friolera y cuando hace mucho frío se pone ropa, pijama y un jersey por debajo, y una bata. Nos metemos en la cama y la voy abrazando para que se caliente hasta que se duerme”, añade.

El impacto que la pobreza energética tiene en la infancia y la adolescencia es “desproporcionado”, especialmente en los primeros años de vida, ya que los niños y las niñas pasan más tiempo en casa que los adultos.

“Más allá del efecto dañino en la salud física, con consecuencias asociadas a problemas respiratorios y al aumento de visitas al hospital, la pobreza energética afecta también A la salud mental de la infancia y la adolescencia”, ha denunciado Del Moral. “Vivir en casa el estrés financiero y el endeudamiento pueden provocar o agravar problemas de estrés y salud mental entre los miembros de la familia, incluidos los niños, niñas y adolescentes”, detalla.

En cuanto a las consecuencias en la educación, varias investigaciones han demostrado que la pobreza energética puede estar asociada al absentismo escolar y a un peor rendimiento en el colegio, junto con situaciones de acoso, estigma y aislamiento.

Además, existen otros efectos de la precariedad energética, como la falta de seguridad en algunas viviendas para tratar de mantener la casa caliente. Incendios y otros accidentes pueden poner en riesgo la vida de toda la familia debido a conexiones irregulares a la red de suministro o bien por el uso de método alternativos para calentarse o iluminarse, como velas y braseros. Los niños y niñas son víctimas especialmente propicias a estos accidentes.

En su análisis, Save the Children enumera algunas medidas clave como, por ejemplo, convertir en permanentes las ayudas temporales de emergencia; reformar el bono social para que este se otorgue automáticamente a las familias que se encuentran bajo el umbral de la pobreza, independientemente del tipo de compañía con la que hayan contratado el bono social, y que en el umbral de acceso para las familias con hijos e hijas a cargo se tenga en cuenta el coste de vida en cada territorio.

También proponen crear espacios en los que se tramiten todas las cuestiones informativas y de prestación relacionadas con la provisión de energía. También, con una visión más a medio y largo plazo, apostar por la rehabilitación de edificios con un criterio de equidad y accesibilidad y una perspectiva de infancia -mejorando la eficiencia energética de las casas-.

La organización ha valorado “muy positivamente” el escudo social energético puesto en marcha por el Gobierno, aunque considera que se puede hacer más para conseguir que las familias puedan hacer frente a las olas de frío que estamos viviendo estos días. “Lo hemos visto en 2021, con la aprobación de una partida excepcional en los Presupuestos de 202,5 millones de euros destinada a la financiación del bono social térmico, lo que representa un incremento de 100 millones respecto al ejercicio anterior. Es cuestión de voluntad política“, ha asegurado del Moral.

Respecto al coste económico de estas medidas, la entidad especializada en infancia ve margen para que sean los actores del mercado eléctrico quienes asuman, al menos en parte, el coste de la ampliación del bono social a una tarifa progresiva de luz y gas.