El Parlamento Europeo avanza en la tramitación de una ley de medios de comunicación que abre la puerta a la censura

El Parlamento Europeo aprobó el pasado martes la propuesta de Ley de Libertad de los Medios de Comunicación con 448 votos a favor, 102 en contra y 75 abstenciones. El nuevo Reglamento tuvo sus mayores apoyos entre el Partido Popular Europeo (PPE), el grupo socialista (S&D) y Renew, mientras que la mayor parte de los eurodiputados del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), al que VOX pertenece, y del grupo de Identidad y Democracia (ID) votaron en contra.

El texto había sido propuesto por la Comisión Europea en septiembre de 2022 y, tras su aprobación, el Consejo negociará su forma definitiva. La responsable de la marcha de la norma, la eurodiputada alemana Sabine Verheyen (CDU, PPE), celebró su aprobación tras el voto en el pleno.

La nueva normativa europea pretende impulsar la independencia de los periodistas y protegerlos de las injerencias políticas, así como aclarar la financiación de los medios de comunicación aumentando la transparencia ante el público. Los Estados miembros deberán proteger a los periodistas y no podrán practicar el espionaje o la vigilancia salvo en algunos supuestos, siempre que estén justificados por «razones de seguridad nacional» o «razón imperiosa de interés general».

Para impedir injerencias políticas y asegurar que los medios de comunicación no dependan de los fondos públicos, el Estado no podrá dirigir más del 15% de su presupuesto total de publicidad institucional a un mismo medio. Además, la norma contempla que los criterios para la asignación de fondos estatales deberán ser públicos. Los medios estatales, por su parte, estarán también obligados a nombrar de forma abierta a sus consejeros delegados y directores y, como servicio público, deberán facilitar «la pluralidad de información y opiniones».

Los medios privados deberán informar sobre su estructura de propiedad y sobre sus ingresos por publicidad pública y otros apoyos financieros institucionales, provengan o no de un Estado miembro de la Unión.

La medida también contempla novedades respecto a la restricción de contenidos online en las grandes plataformas, ya que se creará un protocolo de actuación. La plataforma deberá informar al medio de comunicación con al menos 24 horas de antelación, que podrán ser empleadas para subsanar el contenido de forma que se adecúe a los términos y condiciones. De no ser así, o si la plataforma no se muestra satisfecha, podrá eliminar o restringir el contenido pasado el plazo previsto, decisión que el medio de comunicación podrá apelar si no se muestra conforme.

La nueva ley crea, además, un nuevo ente europeo: el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, que promoverá la aplicación de la normativa europea y podrá emitir dictámenes sobre medidas y decisiones de los gobiernos nacionales que afecten a los mercados de medios de comunicación y a la concentración de medios. El Comité también servirá de interlocutor de los medios con las grandes plataformas online y las tecnológicas y operará con «independencia jurídica y funcional» de la Comisión.

Críticas a la ley: abre la puerta a la censura

El texto aprobado, no obstante, ha recibido varias críticas desde múltiples sectores. La Federación Europea de Periodistas (FEP) ha criticado que la ley siga contemplando casos en los que el espionaje y la vigilancia de periodistas, familiares o redacciones estén permitidos. La medida incluye «razones de seguridad nacional» o «razón imperiosa de interés general» entre las justificaciones para este tipo de medidas, así como la instalación de softwares espía si el periodista no revela sus fuentes.

En mayo, el Comité Europeo de las Regiones presentó hasta 98 enmiendas al texto propuesto por la Comisión. En gran parte de ellas, el Comité ponía freno a la Comisión y la llamaba a limitarse a sus competencias, llegando a proponer la eliminación de artículos enteros: «el Reglamento debería centrarse en las competencias de la Unión Europea», «corresponde a los Estados miembros», «deben reflejarse las competencias respectivas» o «la competencia de los Estados miembros (…) no debe estar sujeta a ninguna restricción».

Algunas enmiendas llegan al punto de tener que recordar a la Comisión los Tratados europeos: «De conformidad con los Tratados europeos, la soberanía cultural y, por tanto, la competencia en materia de regulación de los medios de comunicación corresponde a los Estados miembros. La Unión Europea debe respetar la diversidad de culturas y dispone únicamente de competencias complementarias y de apoyo en este ámbito». El Comité Europeo de las Regiones expresó también sus dudas sobre el futuro funcionamiento del recién creado Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación.

A pesar del apabullante apoyo que la medida obtuvo en el Parlamento, los eurodiputados del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y del Grupo Identidad y Democracia (ID) utilizaron su turno de palabra para denunciar lo que consideran un nuevo exceso de la Comisión y un peligro para la libertad y la democracia, aunque algunos eurodiputados del ECR se abstuvieron. La forma de presentación del texto por parte de la Comisión —como Reglamento, de obligado cumplimiento, y no como Directiva— dice mucho, según algunos eurodiputados, del carácter autoritario de la Comisión liderada por Ursula von der Leyen. Además, señalaron que, al contemplar el «riesgo de desinformación» como una razón para restringir y eliminar contenido online, la Comisión se arroga la potestad de ejercer una censura activa en las redes sociales y plataformas digitales.

El eurodiputado Cristian Terhes (ECR) aseguró que la «Ley de Control y Censura de los Medios de Comunicación» abre la puerta a que los periodistas sean espiados legalmente y sus enmiendas al respecto fueron rechazadas por el Partido Popular Europeo (PPE), los socialistas del S&D y Renew.

Elżbieta Kruk, eurodiputada del PiS (ECR), señaló que la nueva norma contraviene el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) al arrogarse la Comisión competencias nacionales y que, aunque el objetivo anunciado es loable, los medios recogidos se desvían de su cometido. Otros diputados del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos denunciaron que no se recoge la obligación de informar de qué país procede el capital de los medios. Se señaló como ejemplo que, en Polonia, el 50% de la prensa es de capital alemán y el 70% de la televisión está en manos extranjeras. 

Los eurodiputados de Agrupación Nacional, Lega y FPÖ (ID) cargaron contra la presidenta de Comisión por lo que consideran una injerencia de la UE en los ámbitos nacionales al ser materia de competencia exclusiva de los Estados miembros, y un ataque a la soberanía nacional sobre los parlamentos nacionales.

Alejandro Cuevas, La Gaceta