Un informe de la OCDE señala el desequilibrio en la protección ante el despido. Solo un 0,14% de los despidos son declarados improcedentes
Aunque PSOE y Sumar han renunciado a derogar explícitamente el recorte en la indemnización por despido que estableció la reforma laboral del PP en 2012, la negociación que mantienen estos días para reeditar el Gobierno de coalición pasa ineludiblemente por esta cuestión. Sobre todo porque el programa de la formación heredera de Unidas Podemos se basa en establecer una “indemnización restaurativa y disuasoria”.
Su líder y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, ha justificado esta idea con el argumento de que el coste de una extinción es “demasiado barato” en España. Pero los datos demuestran que no es así: de hecho, el que fija la legislación española es el más elevado de la Unión Europea y el tercero de la OCDE.
Lo refleja un informe de 2021 elaborado por Alexander Hijzen y Andrea Salvatori, de la División de Empleo e Ingresos de la OCDE, con la colaboración de consultores españoles como Florentino Felgueroso y Marcel Jansen, analizaba el impacto de la indemnización por despido en la dualidad del mercado laboral. En este sentido, planteaban la posibilidad de introducir un cambio en el que no hay indemnizaciones, sino un fondo que se nutre de aportaciones de los trabajadores, como la denominada ‘mochila austriaca’.
Una opción defendida por el PP en las últimas elecciones que Díaz rechaza de plano, pese a que Pedro Sánchez la incluyó entre las reformas que barajaba en 2019, cuando ya era jefe del Ejecutivo, aunque antes de tener que pactar una coalición con Unidas Podemos.
La clave, el despido procedente
Para ilustrar su tesis, los autores comparan el coste del despido procedente para los trabajadores fijos en la OCDE. Y España es uno de los más elevados. “Los trabajadores fijos despedidos de después de 4 años de servicio tienen derecho a 80 días de salario, el quinto más alto de la OCDE, y los despedidos después de 20 años a 360 días, el tercero más alto de la OCDE”, incide el documento.
Los defensores de las palabras de Díaz insisten en que ella no se refiere al despido objetivo, solo al improcedente. Pero este, sobre la base legal, ya es un 43% más caro que el objetivo en número de días y, además, el tope de mensualidades es el doble: 24 frente a 12. Antes de la reforma laboral de 2012, la diferencia era aún mayor: 45 días y 42 mensualidades. Ante esta desproporción, el PP recortó el improcedente en su reforma laboral, pero no tocó el objetivo, una decisión que Bruselas aceptó. Por eso no aceptaría revocarla, como prometían hace años Sánchez y Díaz, antes de llegar al Gobierno.
También obvian que los datos de la OCDE constatan que en España la indemnización por despido fluctúa demasiado en función de la antigüedad, que lleva a que los trabajadores más recientes sean los más vulnerables a un cese. Algo que puede explicar el fenómeno de la volatilidad de los empleos fijos creados tras la reforma laboral.
En cualquier caso, según los propios datos del Ministerio de Trabajo (los últimos correspondientes también a 2021), la indemnización media por despido es de 11.416,7 euros, aunque esto varía en función el tipo de contrato. Un indefinido a tiempo completo percibe 18.112,4, un fijo discontinuo 4.642,7 y un temporal a tiempo completo 1.462 euros. También influye el tipo de despido: uno disciplinario (que legalmente no tienen indemnización, aunque siempre acaba viéndose reclamados) recibe no obstante una compensación media de 9.512,3 euros, mientras un despido objetivo, tasado a 20 días, solo 9.310,3 euros. Por el contrario, un despido colectivo alcanza los 21.754,9 euros.
¿Qué impacto tendrá la reforma que prepara de Díaz en estos importes? A priori, muy escaso si se limita, en principio, a los despidos que se declaren improcedentes. Una forma de evitar los recelos de Bruselas.
Según los últimos datos de Trabajo, que corresponden a 2021, un 15% de los despidos son recurridos, pero solo un 0,3% llegaron a un juzgado y menos de la mitad de estos, un 0,14% del total, se saldaron con una sentencia que los declaró como improcedentes
En esos casos, la indemnización subió de media hasta los 19.198,3 euros, un 68% más que la media. Un incremento que tampoco casa con el argumento de un despido “demasiado barato”. No en el contexto de las principales economías del mundo.
Javier Esteban. El Economista
