El colapso burocrático impide la llegada de 121.400 trabajadores al campo

Robot agricultura

En abril solo se dieron de alta 10.561 personas. Hay miles de solicitudes de la hostelería, el turismo y la construcción. Asaja apunta a un colapso en el Sepe.

La bolsa de trabajo creada por Asaja para la incorporación al campo de personas que han perdido su empleo o están sujetos a un Erte suma ya 121.390 solicitudes. El nivel de contratación, sin embargo, es muy bajo debido, según señalan desde la organización agraria, al colapso burocrático existente en el Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal), que está frenando la comprobación la validez de las solicitudes para su incorporación a las distintas campañas agrícolas.

De hecho, en abril, la afiliación media al Sistema Especial Agrario (SEA) subió tan solo en 10.561 personas respecto al mes anterior, hasta los 759.943 inscritos, si bien el paro aumentó en 4.015 personas, situándose en 163.435 desempleados. Eso sí, la agricultura fue el sector en el que menos creció el desempleo, un 2,5% mensual, en comparación con los fuertes incrementos registrados en la industria, los servicios y la construcción.

Fuentes de Trabajo explican, en este sentido, que “la validación de las solicitudes lleva un tiempo” y que “para poder tener una imagen global hay que esperar”.

Peticiones empleo agricultura

Hostelería y turismo

Del total de las solicitudes de empleo recibidas por Asaja, casi un 20% provienen del sector de la hostelería y el turismo, los más golpeados por la crisis con el cierre toda de bares, restaurantes y hoteles, sumando un total de 24.218 demandantes. Llama la atención, según los datos de Asaja, que hay otros 22.358 trabajadores, un 18,41% de la solicitudes, que estaban ya en el campo en labores agrícolas o ganaderas.

Además, hay 7.050 demandantes de empleo que provienen de la construcción e industrias extractivas, 6.906 del comercio, muy castigado también por la crisis, y 6.894 de la industria alimentaria, considerada un sector esencial. El ministro de Agricultura, Luis Planas, puso en marcha ya en marzo un plan de rescate para el campo español en colaboración con el ministerio de Trabajo, para movilizar a personas en situación de desempleo con el objetivo de que se pudieran incorporar cuanto antes a las labores de recogida de la cosecha, una labor para la que, según alertaron entonces organizaciones como Asaja o Cooperativas Agroalimentarias, era necesaria la incorporación inmediata de 100.000 personas.

El 7 de abril el Consejo de Ministros dio luz verde al real decreto que recogía una serie de medidas urgentes para poder garantizar la producción de cara a las próximas campañas agrícolas, estimando las necesidades de incorporación de entre 75.000 y 80.000 trabajadores.

La norma, que permite compatibilizar a los desempleados las tareas del campo, desarrolladas en su término municipal o colindantes, con la prestación por desempleo, subsidio o renta agraria, no está logrando sin embargo el objetivo previsto debido al colapso del Sepe, que denuncia Asaja.

La organización indica que hay además un problema añadido porque el establecimiento de cuarentena a las personas que vengan de otros países puede dificultar enormemente la contratación.

Solicitudes por provincias

Madrid es la provincia de España donde hay un mayor número de solicitudes de empleo en el sector agrícola. Son en total 13.338 personas las que se han dirigido a la bolsa de trabajo creada por Asaja, un 10,98% del total. Le sigue a continuación Alicante, con 10.233 demandantes de empleo, un 8,42%. Las provincias andaluzas, con Sevilla y Málaga a la cabeza figuran también entre las que hay una mayor solicitud de empleo en el campo. Destacan igualmente Valencia con 8.792 y Barcelona con 5.229.

 

Yolanda Díaz indigna al sector agrario al mandar a la Inspección a perseguir la “esclavitud” en el campo

Indignación en el sector agrario por la campaña promovida por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la que pide a los inspectores de trabajo que busquen casos de “explotación laboral” o incluso “esclavitud”.

¿Presenta el trabajador magulladuras? ¿Está encerrado en el lugar de trabajo? ¿Hay signos visibles que indiquen que no puede abandonar el lugar de trabajo, como alambradas o la presencia de guardianes u otras limitaciones de este tipo? ¿Se amenaza al trabajador para que no abandone el lugar de trabajo?». Son algunas de las cuestiones que el Ministerio ordena investigar en la campaña especial de inspección en el sector agrario que se desarrolla entre los meses de mayo y junio, según desvelaba elindepentiente.

La iniciativa de la ministra podemita ha provocado un indisimulado malestar en el sector agrario. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Andalucía ha mostrado su “perplejidad y disgusto” ante la campaña “tóxica” de inspección extraordinaria que va a poner en marcha este mes el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

España no es África

El secretario de organización de COAG Andalucía, Eduardo López, ha afirmado que es “inaudito e insólito” que se hable de esclavitud en el campo andaluz y que el Ministerio de Trabajo y Economía Social inicie una campaña de inspección en las explotaciones agrícolas. “No tiene ni pies ni cabeza”, ha insistido apuntando que “España está en Europa, esto no es África ni ningún país con dictadura donde la gente esté en plan esclavo”.

Asimismo, ha explicado en una nota de presa que desde COAG no se cuestiona ni el cumplimiento de la legislación laboral ni el funcionamiento de los cuerpos de inspección, “pero no podemos entender cómo desde el propio Gobierno se pueda trasladar la idea de una situación generalizada de maltrato al trabajador cuando los casos, si existen como tal, son muy aislados, existiendo además vías administrativas y jurídicas para erradicarlos, por lo que no se justifica un plan extraordinario”.

López ha trasladado el malestar generado en la organización y en el colectivo de profesionales del campo por esta iniciativa del Gobierno, ya que “estamos hartos de que, cuando llegan estas fechas y en otros países competidores empiezan a sacar sus producciones, nos hagan la guerra con este tipo de afirmaciones”. “La institución no puede entrar en ese juego, porque da pie a que haya medios de comunicación pagados por cadenas, industrias y otros ‘lobbys’ agrarios europeos, para que nos desplacen en los lineales con campañas inventadas”, ha opinado.

Asimismo, desde COAG Andalucía han destacado que “siempre han luchado” por unas condiciones laborales dignas en las negociaciones de los convenios provinciales del campo, de los planes de riesgos laborales, en el desarrollo de una vigilancia de la salud para los trabajadores, así como en fórmulas como los contratos en origen (incluido alojamiento) y los itinerarios de campaña, para dar las máximas garantías y cumplimiento de los derechos laborales a nivel nacional e internacional.

COAG: “No entendemos cómo se puede hacer una campañaextraordinaria de estas características soolo en el sector agrario”

“El Ministerio de Trabajo y el Cuerpo de Inspectores deben cumplir con su obligación pero no entendemos cómo se puede hacer una campaña extraordinaria de estas características sólo y exclusivamente en el sector agrario”, ha añadido. Finalmente, ha advertido que “lo que no puede el Gobierno es confundir asentamientos de inmigrantes irregulares con la cuestión laboral agraria”. “Se trata de un problema que tiene el Gobierno y la Junta de Andalucía, que deben resolver ellos, y no endosárnoslo a los agricultores. Que se arremanguen y lo resuelvan”, ha concluido.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, también ha lamentando que el Gobierno de España “prejuzgue” al campo andaluz y esté transmitiendo “una imagen desacertada de nuestra agricultura”, un sector que se ha convertido en “colchón de la crisis” desde la declaración del estado de alarma y que “está demostrando día tras día un enorme grado de responsabilidad, abasteciendo los mercados nacionales e internacionales con productos saludables, sostenibles y de calidad”.

“Que Planas actúe”

Así, Crespo ha mostrado su “indignación” por el hecho de que el Gobierno central “se haga eco de informaciones no objetivas y que pueden convertir una actuación irregular puntual, que se puede dar en cualquier sector económico, en una generalidad”. Por ello, la consejera ha solicitado una “rectificación inmediata” del Ministerio de Trabajo por lo que ha calificado como un “ataque gratuito” y ha pedido la necesaria intervención del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en defensa del campo andaluz, un sector del que es “perfecto conocedor”.

“Si hay casos puntuales, que actúen. Lejos de actitudes persecutorias, el Gobierno debería apoyar a un sector que durante la pandemia ha apoyado el abastecimiento de las personas de medio mundo, cultivando con sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental y social, pues dan empleo de calidad a muchas personas”, ha considerado la titular de Agricultura.

Asaja pide el cese

También Asaja Extremadura considera “inaceptable” esta serie de preguntas, que culpabilizan de antemano a los profesionales del campo, “propio de un sectarismo ideológico inadmisible y un desconocimiento de la realidad agraria que exige el cese inmediato de alguien incapacitado para el cargo que actualmente ostenta, salvo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apoye este ataque y la mantenga”.

De esta manera, Asaja considera que esta ministra, en vez de “atacar a los agricultores, debería comenzar haciendo los trabajos en casa e inspeccionar y sancionar a algún compañero de su partido, muy representativo que se caracteriza por no pagar a la Seguridad Social”.

El Economista

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