A España le corresponden un total de 140.000 millones (77.324 millones de euros en ayudas a fondo perdido y 63.122 en préstamos), y si se mantiene la proporción de reparto, se puede asumir que unos 105.000 millones estarán sujetos a la aprobación de reformas estructurales que estén relacionadas con las prioridades de la Unión.

Entre ellas, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha mencionado la transición energética y digital, y la sostenibilidad presupuestaria. Este compromiso pretende contentar a los países más reacios a activar este sistema de ayudas (Suecia, Austria, Dinamarca y Holanda), ya que todos los Estados tendrán que dar luz verde al plan de reformas antes de liberar el dinero.

No ha entrado en detalles de las reformas que son necesarias en cada país, pero la UE lleva desde 2011 pidiendo a España que avance en una serie de reformas en las que ha dado pocos pasos. Incluso hay algunas áreas en las que España “no ha adoptado ni anunciado de forma creíble medidas para seguir las recomendaciones”, denuncia la propia Comisión en su último informe.

Desde entonces, sólo ha aplicado plenamente un 12% de las recomendaciones, ha conseguido avances sustanciales en un 24%, en un 40% hay “algunos avances”, en un 23% avances limitados y en un 1% ninguno.

“En general, no han sido muchas las medidas adoptadas de cara a reducir el conjunto de desequilibrios o sus posibles implicaciones en la mayoría de los ámbitos de actuación”, zanjan, algo que explican en parte por las repeticiones electorales desde el año 2018 y los retrasos en la formación de Gobierno.

Mercado laboral

La precariedad del mercado de trabajo español y la elevada tasa de temporalidad en los contratos es uno de los principales retos que tiene que abordar el Ejecutivo.

“El amplio recurso a la contratación temporal es una rémora para el crecimiento de la productividad y contribuye a la desigualdad y la pobreza laboral”, lamentan, en alusión a que el 26% de los trabajadores tiene un contrato temporal. “Los contratos temporales, cada vez más cortos, son habituales incluso en sectores de escasa estacionalidad”.

Acusan al país de que sus “esfuerzos por reducir el recurso a contratos temporales en el sector privado están teniendo un éxito limitado. Las medidas se han centrado en luchar contra los abusos, y no en las causas profundas de la generalización de los contratos temporales”, lamenta Bruselas.

La Comisión también le ha pedido al país que acabe con las diferencias entre comunidades autónomas en la asistencia de desempleo.

Bruselas sí ha valorado positivamente la reforma laboral del PP de 2012, “la cual es sabido que favoreció una fuerte creación de empleo durante la recuperación” y que el Gobierno tiene intención de derogar.

Transición energética

Bruselas sitúa la transición energética como una de las prioridades del crecimiento económico europeo. Cree que en España los avances para fomentar la innovación y eficiencia energética han sido “limitados”, así como el desarrollo de infraestructuras ferroviarias para el transporte de mercancías.

España es uno de los países en los que más porcentaje del total del transporte de mercancías se produce por carretera, lo que incrementa la contaminación. “Hay que seguir avanzando también en las interconexiones de electricidad con los países vecinos”, piden.

Reclaman además nuevas inversiones en energías renovables para que España pueda cumplir sus metas de eficiencia energética e inversión en edificios. “Han sido escasos los avances hacia el cumplimiento de las metas de inversión en I+D”.

Finanzas públicas

Bruselas denuncia que “no se ha reforzado el marco institucional que rige la gestión de las finanzas públicas” ni tampoco se han aplicado los resultados de los informes encargados a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) para mejorar la eficiencia del gasto público.

Tampoco ha entrado en vigor la estructura de gobernanza para la contratación pública, ni se ha adoptado la estrategia nacional de contratación pública que España tenía que haber aprobado en 2018.

La deuda pública sigue siendo muy alta, y aumentará aún más a raíz de las medidas aprobadas por el Ejecutivo para frenar el impacto económico de la pandemia; mientras que el déficit público aumentó hasta el 2,8% del PIB en 2019 –después de diez años de consolidación fiscal– y podría dispararse hasta el 11% este año.

“España se mantiene en valores persistentemente elevados, ya que el nivel de imposición es bajo en relación con los gastos. Los riesgos para la sostenibilidad presupuestaria global siguen siendo significativos a medio y largo plazo”, reconocen.

Pensiones

Bruselas señala que agravará este desequilibrio la voluntad del Gobierno de ligar la subida de las pensiones con IPC y “disociar los niveles iniciales de las pensiones de los cambios en la esperanza de vida”.

Pese a sus reiteradas peticiones, señala que “no ha habido avances a la hora de preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones”.

Inversión en I+D

“En todas las comunidades autónomas, los resultados de España en materia de innovación están por debajo de la media de la UE“, lamenta Bruselas, que acusa al Estado de falta de inversión pública y a las empresas de falta de inversión privada en I+D.

El alto porcentaje de pymes también desincentiva este tipo de inversiones. “La innovación empresarial se ve lastrada por la baja capacidad de absorción de las pequeñas empresas”, y también supone una barrera la diferente reglamentación entre comunidades.

El bajo rendimiento de la economía en materia de innovación también tiene que ver con la escasez de capacidades técnicas, algo ligado a las altas tasas de abandono escolar.

Retos sociales

En el plano social, Bruselas pide reformas que reduzcan el abandono escolar en edades tempranas y una mejora en el uso de gasto público para reducir la pobreza. “España sigue teniendo la tasa más alta de abandono prematuro de la educación y la formación en la UE”.

“El porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, pese a seguir disminuyendo, es aún elevado, sobre todo en el caso de los niños”, lamenta la CE, que pide a España un sistema de renta mínima como el que va a aprobar esta semana el Ejecutivo.

En todo el país, “se estima que los regímenes autonómicos de renta mínima solo llegan al 20% de sus beneficiarios potenciales, y con fuertes disparidades entre comunidades autónomas”, explican, de ahí la necesidad de un Ingreso Mínimo Vital nacional.

Transición digital y cambio climático

La CE cree que España necesita también reformas estructurales para paliar “el escaso número de especialistas en tecnologías de la información y la comunicación y la lenta adopción de las tecnologías digitales por parte de las pequeñas y medianas empresas”.

Además, creen que España es uno de los Estados miembros más expuestos al cambio climático, por lo que piden “inversiones en adaptación al cambio climático, prevención de riesgos y resiliencia ante las catástrofes”.

“Hay diferencias entre territorios en materia de infraestructuras de gestión del agua y los residuos que suponen importantes retos medioambientales. En algunas zonas urbanas, también hay problemas de calidad del aire. Al mismo tiempo, en España los ingresos procedentes de los impuestos medioambientales siguen estando entre los más bajos de la UE”, apuntan.