Documento en el que la Guardia Civil afirma que la Delegación implantó medidas como la distancia social entre sus trabajadores 10 días antes de autorizar la manifestación del Día de la Mujer.
La Guardia Civil considera “acreditado” el “conocimiento, por parte de los máximos responsables de la Delegación del Gobierno en Madrid, de los riesgos relacionados con el Covid-19” tres semanas antes de permitir la celebración de la multitudinaria manifestación del 8-M.
Esta es una de la conclusiones del segundo informe entregado por los investigadores a la jueza Carmen Rodriguez-Medel, que trata de determinar si constituyó un delito de prevaricación la decisión del delegado del Gobierno, José Manuel Franco, de no prohibir la celebración del Día de la Mujer y otras concentraciones masivas que tuvieron lugar en Madrid pocos días antes de decretarse el estado de alarma debido a la crisis sanitaria.
Franco tiene la condición de investigado en el procedimiento y está citado a declarar el próximo día 10. La Abogacía del Estado, que defiende al delegado, es muy crítica con la viabilidad jurídica del procedimiento y niega la existencia de prevaricación.
El nuevo documento de la Guardia Civil comienza subsanando los errores detectados en el primer informe, en el que se afirmaba que la Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia el brote de coronavirus el 30 de enero, cuando en realidad lo que declaró fue una emergencia de salud pública de alcance internacional. No fue hasta el 11 de marzo cuando la OMS dio el salto de la epidemia a la pandemia.
El informe da cuenta a la instructora de las declaraciones tomadas a trabajadores de la Delegación del Gobierno, cuyas manifestaciones han motivado que Rodríguez-Medel haya citado a varios de ellos para que testifiquen en el Juzgado el 11 de junio.
Mediados de febrero
Entre los funcionarios interrogados por los agentes de Policía Judicial destaca el jefe del servicio de prevención de riesgos laborales de la Delegación del Gobierno, que manifestó “a principios de febrero de 2020” empezaron a recibir información relacionada con el Covid-19 y que a mediados de ese mes “se produce una reunión en la que participan el secretario general, recursos humanos y más personas de la Delegación, fecha que ya era coincidente con el problema generado” por el coronavirus.
A partir de ese momento, añade el informe de la Guardia Civil, se mantienen varias reuniones a instancias de los sindicatos y del secretario general para abordar las iniciativas a adoptar, que “incluían medidas de higiene y de distanciamiento social de 1 a 2 metros“.
El departamento de prevención de riesgos laborales elaboró protocolos que incluyeron esas prevenciones. El primero de ellos se terminó el 28 de febrero y se distribuyó de forma masiva al personal de la Delegación del Gobierno por correo electrónico el 2 de marzo.
De esta forma, la Delegación del Gobierno adoptó precauciones en su sede -entre ellas, que los empleados mantuvieran la distancia social- 10 días antes de permitir la celebración de la manifestación del 8-M “sin ninguna advertencia sobre los riesgos del Covid-19”, señala el informe.
Según el responsable de prevención de riesgos laborales, la “concienciación social” del personal de la Delegación del Gobierno sobre el coronavirus existía “desde principios del mes de marzo”. El propio José Manuel Franco remitió un correo electrónico el 13 de marzo enfatizando que “el Gobierno de la Nación está tomando medidas con las que esta Delegación está absolutamente implicada desde el primer momento”.
“Finalmente”, señala la Guardia Civil, “el manifestante ofrece su punto de vista, como experto en riesgos laborales y farmacéutico, sobre las manifestaciones celebradas en torno al 8 de marzo, considerando que no se deberían haber celebrado y que las mismas pudieron tener incidencia en el número de contagios, por lo que le extraña que desde la Delegación del Gobierno no se hubieran suspendido”.
En esta valoración – que es también la expresada por el médico forense adscrito al Juzgado– coincide otro empleado de la Delegación que trabaja como técnico de prevención de riesgos laborales y que también fue preguntado por la Guardia Civil.
Este declarante hizo constar “su percepción personal como experto en sanidad exterior y en enfermería acerca de las manifestaciones celebradas alrededor del 8 de marzo, mostrándose crítico en cuanto a la confusión generada y considerando que las mismas tuvieron una incidencia en el número de personas contagiadas“.
Manifestó que tuvo conocimiento de los riesgos del Covid-19 “a finales de enero y principios de febrero, dado que ya en esas fechas desde la Secretaría General se les instó a hacer algo al respecto” en relación con el personal de la Delegación.
Llamadas para desconvocar
En el informe se recogen también las declaraciones de responsables y empleados del Departamento de Seguridad Ciudadana de la Delegación, que se encarga de lo relativo a la comunicación y celebración de manifestaciones.
Los testigos explicaron que a partir del 11 de marzo empezaron a realizar llamadas telefónicas a los convocantes de manifestaciones pendientes de celebrar “con la intención de que procedieran a suspenderlas o a cancelarlas” debido al Covid-19.
La Guardia Civil concluye que la Delegación del Gobierno “utilizó mecanismos inductores y alternativos que quedan fuera de lo preceptuado en la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión, en cuanto a la forma jurídico administrativa de cómo deben suspenderse”.
Las llamadas efectuadas no quedaron reflejadas en la aplicación informática que registra los expedientes relativos a la comunicación de manifestaciones.
