El 16,4% de la población empleada en España presenta una situación de pobreza

España pobreza infantil

Los bajos salarios y la parcialidad y la temporalidad indeseadas en los empleos son las causas de un fenómeno que apunta a un agravamiento con motivo de la pandemia.

Trabajar en España ya no es sinónimo de estabilidad. A medida que se ha ido precarizando a consecuencia de las sucesivas crisis, el empleo ha dejado de ser una herramienta infalible para construir unavida digna y confortable, hasta el punto de que se contabilizan cerca de 2,5 millones de trabajadores pobres. Personas que madrugan y dedican buena parte de su tiempo y sus energías a una ocupación que no les permite superar el umbral de la pobreza relativa o incluso severa. Los bajos salarios y la parcialidad y la temporalidad indeseadas en los empleos son las causas de un fenómeno que apunta a un agravamiento con motivo de la pandemia.

Los datos de sendos informes de Cáritas y la fundación Foessa, presentados ayer con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, dibujan una realidad dolorosa: un 13,2% de la población empleada presenta una situación de pobreza relativa y el 3,1%, de pobreza severa, lo que implica unos ingresos mensuales inferiores a 370 euros para una persona y de menos de 776 euros para dos adultos y dos menores de edad. Hay casi 2,5 millones de trabajadores pobres. Su esfuerzo no proporciona ahorros, ni caprichos, ni la posibilidad de diseñar un trayecto vital. Apenas da para la subsistencia.

De acuerdo con los estudios mencionados, el 16,4% de la población (7,8 millones de personas) vive en hogares cuyo sustentador principal padece una inestabilidad laboral grave. Es decir, “mantiene una relación muy insegura con el empleo, bien sea por contar con trabajo pero no con un contrato, por la ausencia intermitente del mismo o por una altísima concatenación de empleos a corto plazo que les lleva a cambiar de empresa o contrato cada poco tiempo”. Adicionalmente, una bolsa de 615.000 trabajadores (1,3% de la población) subsiste a base de los ahora denominados empleos informales (anteriormente economía sumergida). “Son personas que sufren la máxima expresión de la precariedad laboral al ver pisoteados sus derechos sin poder agarrarse al arbitraje de la justicia ni a coberturas sociales en los períodos menos favorables”, dice Raúl Flores, coordinador de estudios de Cáritas.

La temporalidad y la corta duración de los contratos son dos sustentos del trabajo indecente. El informe Foessa subraya un dato del Servicio Público de Empleo Estatal: solo un 8,6% de los nuevos contratos que se firmaron en agosto son indefinidos, en tanto el 56,3% son temporales, de los cuales el 37,8% tuvieron una duración inferior a 7 días. “La estabilidad que ofrece un empleo a tiempo completo y con contrato indefinido es hoy una quimera para cerca de cuatro de cada diez trabajadores (34,6%)”, indica la fundación.

La precariedad incide de forma especial en determinados sectores, como la hostelería (con salarios un 40% más bajos que los de la media de los trabajadores del país) o el personal doméstico, un sector altamente feminizado, con retribuciones hasta un 52% inferiores al promedio entre las mujeres.

Por grupos humanos, el informe subraya la brecha salarial entre hombres y mujeres, cifrada en un 21%, y las condiciones de la población de origen extranjero: “Incluso cuando la situación administrativa es regular, la desigualdad laboral medida en términos de brecha salarial alcanza una ganancia media inferior del 24% entre los trabajadores extranjeros”.

En una situación de inestabilidad laboral grave llegar a fin de mes es una epopeya jalonada de desafíos diarios. Es, según Cáritas, una nueva forma de exclusión social. De acuerdo con sus datos, el 52% de las familias afectadas no dispone de dinero para afrontar gastos imprevistos y el 42% se ha visto en la obligación de pedir ayuda económica a familiares o amigos. Por otra parte, el 28,2% carece de recursos para afrontar gastos relacionados con la vivienda (alquiler, hipoteca, suministros…) y el 18,6% ha recibido avisos de corte de suministros.

La conclusión del informe Foessa retrata un mercado laboral “incapaz de asegurar a un elevado porcentaje de población ocupada el derecho a un trabajo decente (…) Como consecuencia, ve vulnerado su derecho a la vivienda y a otras necesidades básicas sin que los sistemas de protección del estado de bienestar estén reaccionando con la flexibilidad que la realidad requiere”. “Va a ser cada día más grave”, avisa Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas, respecto a los efectos de la pandemia en el mercado laboral.

Esta entidad participa en la iniciativa Iglesia por un Trabajo Decente, que defiende la implantación de un modelo de economía solidaria y emplaza a la población a consumir productos y servicios de empresas comprometidas con el trabajo decente. “Es posible un modelo económico en el que los derechos de las personas y el cuidado del medio ambiente sean compatibles con la sostenibilidad económica”, afirma.

Durante el pasado año 78.976 personas participaron en el programa de empleo de Cáritas, de las que 15.368 (19,5%) accedieron a un puesto de trabajo. La entidad invirtió 31 millones de euros en este proyecto, en el que participan 984 personas contratadas y 3.184 voluntarios. Según Natalia Peiro, el retorno social y económico de estas iniciativas es realmente alto, por lo que pidió el apoyo de las administraciones a los proyectos de economía social y economía solidaria. Y otra reivindicación: “Que se premie a las empresas socialmente responsables y que generen empleo decente. Que no se recurra a a anteriores recetas para generar un empleo de cualquier manera”.

La Vanguardia

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