Así lo ha señalado durante su intervención en el I Congreso Internacional Digital de Directivos, organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), en el que ha dicho que la intensificación de los rebrotes permite anticipar que la actividad económica en el tramo final del año y a comienzos de 2021 mostrará un “menor dinamismo “que el anticipado en los escenarios centrales publicados hace unos meses por el Banco de España y el BCE.

No obstante, ha apuntado que las noticias más recientes sobre la disponibilidad de una vacuna para principios del año que viene son “evidentemente positivas” y, de confirmarse, deberían servir para “mejorar la confianza y eliminar los escenarios económicos más negativos, si bien sus efectos sobre la actividad tardarán en percibirse”, pero cree que la política económica debe seguir concentrada en seguir apoyando a las familias y las empresas afectadas por la crisis.

Hernández de Cos ha subrayado que la actividad empresarial se ha visto “particularmente afectada” por la crisis, a pesar de que muchas de las medidas de política económica se han dirigido a minimizar ese efecto.

Aunque cree que la implementación de estas medida es y seguirá siendo “crucial” para evitar que la perturbación temporal causada por la pandemia “desemboque en el cierre de muchas empresas y, por ende, en una pérdida persistente de la capacidad productiva”, ha dicho que estas políticas “no han logrado evitar un deterioro de la situación financiera de muchas empresas desde el inicio de la crisis”, con una caída “significativa” del volumen de ingresos.

Según los resultados de las microsimulaciones realizadas por el Banco de España, el 68% de las empresas en España presentarán déficits de liquidez a lo largo de 2020, casi 10 puntos porcentuales más que en un escenario contrafactual sin pandemia.

Además, ha indicado que se estima que, entre el segundo y el cuarto trimestre de 2020, el déficit total de liquidez del sector empresarial ascendería a unos 230.000 millones de euros, 25.000 millones de euros más que en el escenario contrafactual sin pandemia si no se tienen en cuenta las necesidades de liquidez asociadas a la inversión en activos fijos.

Más de la mitad de estas necesidades de liquidez no podrían cubrirse mediante el uso de los activos líquidos de las empresas y de los importes no dispuestos de sus líneas de crédito.

“Los resultados sugieren que la pandemia está generando sustanciales riesgos de liquidez para las empresas españolas”, ha alertado Hernández de Cos, quien ha apuntado que desde el segundo trimestre de 2020 las empresas han recurrido a la deuda para cubrir parte del aumento de sus necesidades de liquidez en unas condiciones muy favorables.

Concretamente, entre febrero y septiembre, el saldo vivo de la deuda del sector corporativo ha aumentado cerca de un 5%, habiéndose concentrado este incremento durante los meses de marzo, abril y mayo.

La mitad de las empresas presentarán pérdidas

En cuanto a los riesgos de solvencia de las empresas, ha indicado que los datos disponibles arrojan un “deterioro de la posición financiera del sector empresarial”.

Para el conjunto del año estima que alrededor de la mitad de las empresas registrarán pérdidas este año, aunque con heterogeidad, pues las pequeñas y medianas empresas (pymes) y, sobre todo, las pertenecientes a sectores más expuestos a la perturbación, como los servicios de hostelería, restauración, ocio y vehículos de motor, se verán “significativamente más afectadas”.

A su vez, el porcentaje de empresas con una ratio de deuda sobre activos elevada aumentaría cerca de 7 puntos porcentuales para el conjunto del sector empresarial, siendo este aumento mucho más intenso dentro del grupo de las empresas que desarrollan su actividad en las ramas más golpeadas por la pandemia.

Pide inyecciones de capital

El gobernador ha defendido que las políticas económicas deberían continuar proporcionando apoyo a la economía y ha considerado que las políticas de reparto de dividendos y de remuneración de las entidades deberían seguir siendo “muy prudentes” hasta que disminuya la incertidumbre actual y se afiance una recuperación económica sólida.

En su opinión, las políticas dirigidas a apoyar a las empresas deberían ajustarse de modo que se centren en las que se han visto más afectadas por la perturbación y se debería considerar la aplicación de un enfoque “más selectivo” que priorice el apoyo a proyectos empresariales viables.

En el caso concreto de los programas de avales públicos a los préstamos, cree que puede que sea necesario ajustar algunos de sus parámetros para incentivar la concesión de financiación bancaria a empresas viables.

En cuanto al apoyo fiscal, ha dicho que se ha centrado en evitar la materialización de los riesgos de liquidez y ha sido “exitosa” porque la mayor acumulación de deuda podría resultar “insostenible” para empresas con un nivel de endeudamiento elevado.

Aunque la extensión del período de carencia y de vencimiento de los préstamos de las líneas ICO de avales, aprobado por el Gobierno este mismo mes, contribuirá a aliviar la presión financiera soportada por muchas compañías, cree que en algunos casos “sería aconsejable también reforzar su posición de solvencia mediante instrumentos de capital”.

En esta línea, ha apuntado que el fondo gestionado por la SEPI con 10.000 millones de euros permite recapitalizar grandes empresas estratégicas, pero resulta conveniente complementarlo con nuevas herramientas encaminadas a reforzar la posición de solvencia de las empresas de menor dimensión.

Para aquellas empresas muy endeudadas, pero con un negocio viable, ha señalado que la reestructuración de la deuda podría ser una opción ventajosa tanto para prestamistas como para prestatarios, por lo que cree que los marcos de insolvencia deberían mejorarse con el fin de aumentar su eficiencia y potenciar los acuerdos extrajudiciales de pagos.

Aboga por incluir, bajo ciertas condiciones, algunas deudas de derecho público en estos acuerdos y que la posición del sector público en estos procesos favorezca que se alcance con rapidez un acuerdo de reestructuración de las deudas. Ello podría conseguirse, por ejemplo, otorgando incentivos al resto de acreedores para que apoyen los acuerdos.

Esto último afectaría no solo a las deudas de derecho público, sino también a las exposiciones que resulten de la eventual ejecución de algunos de los avales concedidos a las empresas y los autónomos en el marco de las líneas del ICO.

Asimismo, a medio y a largo plazo, ha señalado que se podrían incrementar los recursos de los tribunales especializados con el fin de acelerar la resolución de estos procesos. En cuanto a las empresas con modelos de negocio no viables, sostiene que debería facilitarse su salida ordenada del mercado.

Por otra parte, dado que “no se puede descartar la posibilidad de que los riesgos identificados se materialicen o de que su impacto y persistencia sean mayores de lo esperado”, ha instado a la culminación de la Unión Bancaria con la puesta en marcha de un fondo de garantía de depósitos europeo mutualizado, y ha vuelto a remarcar la necesidad de reformas estructurales.