El BCE y el BdE también rescatan entidades denunciadas por blanqueo de capitales

Bantierra

Mar Uriarte, la mujer que destapó una presunta trama de blanqueo de capitales en Bantierra, ha denunciado ante la Comisión Europea la “desprotección” que sufre por parte de las autoridades españolas.

El “calvario” de Mar Uriarte (Almería, 1974) comenzó hace ya seis años. Licenciada en Derecho, abogada – colegiada en el ICAM 81751 – y empleada desde 2006 en una sucursal en Madrid de la entidad bancaria Bantierra, Caja Rural de Aragón, vio de cerca como de repente empezaron a llegar montones de chinos con billetes en bolsas de plástico a solicitar numerosas operaciones hipotecarias que fueron autorizadas por sus superiores. Decidió investigar, informó a sus superiores siguiendo el protocolo establecido por la ley y dio con lo que consideró una trama de blanqueo de capitales chinos avalada por la entidad para la que trabajaba y que podría haber superado el millón de euros en un mes, según la denunciante.

En mayo de 2015, y tras “verificar” que su entidad financiera no adoptaba ninguna medida de denuncia ante el Sepblac, presentó una denuncia contra Bantierra por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude a la Hacienda Pública en complicidad con una organización criminal de origen chino ante la Fiscalía Anticorrupción y el Sepblac. Una vez terminadas las diligencias de investigación 39/2015, la Fiscalía Anticorrupción presentó querella contra los denunciados, incluido el expresidente de Bantierra, José Antonio Alayeto – que renunció a su cargo en julio de 2015 -; ahora está en sede judicial a la espera de que se levanten las diligencias de investigación. Desde Bantierra, en este sentido, aseguran a Vozpópuli que “tenemos la conciencia muy tranquila, el asunto está judicializado, estamos a la espera de conocer cuál es la respuesta final de los jueces, pero ya uno ha desestimado este tema”. La denunciante insiste en que la Fiscalía ha presentado recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Más allá de cómo evolucione esa denuncia, Uriarte asegura que su condición de denunciante le ha abocado a vivir una travesía por el desierto “a contracorriente del Estado español”. Tras una baja médica de dos años entre 2014 y 2016 debida en parte al “acoso laboral” que sufrió fruto de sus investigaciones y “al intento de forzarla” por su entidad a hacer “operaciones irregulares”, nada más regresó a su trabajo fue despedida mediante “una trampa torticera urdida por Bantierra”. Según su marido, “ella se reincorpora de la baja medica tras dos años y le dice el nuevo jefe de zona que han cambiado normas y protocolos internos y que tiene que ponerse al día. Como no le facilitan las cuentas de prueba, entra en las cuentas que ella conoce por ser su familia y compañeros. Las cuentas estaban bloqueadas y a los días le despidieron por haber “entrado” en las cuentas de compañeros – según ella, no entró, porque estaban bloqueadas -, cuando cualquier empleado estaba normalmente autorizado para entrar en cuentas de cualquier persona y no le comunicaron por escrito que eso había cambiado”.

El actual director de Comunicación de Bantierra, José Antonio Artigas – que era el jefe de zona de las oficinas en las que trabajaba Uriarte cuando esta fue despedida – desmiente que el banco le haya puesto ninguna trampa y se remiten al resultado de la demanda ulterior. Lo cierto es que Uriarte demandó al banco por “despido nulo o improcedente” pero no llegó a juicio. En el acto de conciliación, se “topó” con el que es ahora uno de sus grandes dolores de cabeza: el letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Asensio Muñoz.

El abogado, según esgrime Uriarte, se “desentendió” de la denuncia que había hecho esta impidiéndole llegar a juicio por el despido, y forzándole a aceptar una indemnización simbólica de 3.000 euros. Según recoge la denuncia que ha presentado posteriormente Uriarte ante el Ministerio de Justicia, el letrado de la Administración de Justicia, durante el acto conciliatorio, “y sin dejar intervenir a su representación legal, con la circunstancia de ser ella también abogado en ejercicio, comenzó a hacer una exposición adoptando una actitud que pretendía prejuzgar el resultado del juicio, y asumiendo las competencias del titular del Juzgado de lo Social nº 11 manifestó ‘que debía conciliar porque tenía el juicio perdido’. Por lo tanto le forzó a conciliar y continuando sin permitir el uso de la palabra, afirmó que solo tenía derecho a una ‘indemnización simbólica de mínimos’, dando como suficiente la propuesta de indemnización de la empresa por 3.000 euros, y obligándole a desistir de su pretensión en la demanda sobre vulneración de derechos fundamentales, apostillando que ‘por lo que había leído sabía que detrás de la demanda había algo más, pero que ni entraba en el tema ni quería saberlo”. Por último, le dijo “que iba a utilizar su caso de ejemplo para sus alumnos”. Así, según interpreta Uriarte, el letrado se habría “desentendido” de su “obligación” de proteger a una denunciante de banca.

Consultado sobre la denuncia, el letrado ha respondido a Vozpópuli que actuó “con la mayor profesionalidad”, “que le sorprende” la acusación de Uriarte y que, en todo caso, “estoy pagando los platos rotos de su abogado, porque ella (Uriarte) era libre de ir a juicio y tenía un abogado”. Preguntado sobre si ignoró o no el hecho de que Uriarte había denunciado al banco previamente por un presunto blanqueo, el letrado dice que “no lo recuerdo, no recuerdo si estaba en la demanda o no y si lo consideré o no, tengo muchos actos de conciliación” e insiste en que a la hora de analizar el caso de Uriarte “hay que tener en cuenta el matiz psicológico de su demanda (por despido) y la versión del banco”. El banco se ha negado a dar a este medio los motivos del despido de su exempleada pero insiste en que esta aceptó su despido en el acto de conciliación. Uriarte, por su parte, explica que su abogado, viendo como estaban las cosas, le aconsejó aceptar los 3.000 euros y luego recurrir.

En relación al “matiz psicológico”, la demanda por despido de Uriarte recoge en su hecho tercero que la misma, en 2008, comenzó “a sufrir acoso laboral por parte de determinados cargos de la empresa, y se presentó denuncia contra la entidad y contra las personas físicas por acoso laboral ante la Inspección de Trabajo en Madrid, que resolvió sancionando económicamente a la empresa. Fruto de esta denuncia fui trasladada de la oficina de la calle Recoletos a la oficina de la calle Ponzano. Paralelamente tuve que empezar un tratamiento psiquiátrico y médico con estricta supervisión y medicación farmacológica que se mantiene a fecha de hoy”.

La misma demanda, en su hecho cuarto, recoge que “en el año 2012 comienzan a llegar a mi oficina operaciones que, en mi condición de abogado en ejercicio y responsable de caja, comencé a sospechar que se podían tratar de una red de blanqueo de capitales. Siguiendo el protocolo establecido por la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales puse en conocimiento de la empresa, mediante el envío de sendos whatsapp al presidente de la entidad Sr. Alayeto sin recibir contestación alguna. Ante este silencio, preparé un informe detallado que envié al presidente y a Don Marcos Puyalto jefe de auditoría interna, me llama y dice que investigará, 10 días me contesta que no había nada sospechoso. En mayo de 2015, ante las circunstancias antes relatadas, me vi en la obligación de presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y el SEPBLAC, cuyo cauce continúa bajo Diligencias de Investigación de la Fiscalía Anticorrupción número 39/2015”.

El detalle sobre si el letrado tuvo en cuenta o no esta última denuncia recogida en la demanda de despido durante la conciliación es “importante”, según Uriarte, ya que, a diferencia de otros tipos de denunciantes de corrupción, un empleado de banca está  protegido por la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, que en su artículo 30 establece: “toda autoridad o funcionario tomará las medidas apropiadas a fin de proteger frente a cualquier amenaza o acción hostil a los empleados, directivos o agentes de los sujetos obligados que comuniquen indicios de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo”.

Denuncia al Ministerio

Acogiéndose a ello, Uriarte remitió en junio de 2017 escrito denunciando al letrado ante el Ministerio de Justicia, dirigido entonces por Rafael Catalá. La denuncia fue archivada en marzo de 2018 con el siguiente argumentario:

“De la información recabada se desprende que la participación del LAJ en el acto de conciliación se limitó a la información de los derechos y obligaciones a las partes intervinientes en el acto, a exhortarles para que llegaran a un acuerdo y a refrendar al alcanzado por los propios abogados de las dos partes de conformidad con el articulo 81.19 párrafo 29 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Por otro lado, no consta que la ahora reclamante haya mostrado su disconformidad con el contenido o resultado del acto de conciliación celebrado haciendo uso de sus derechos ni haya recurrido o impugnando la validez de dicho acto de conciliación, ejercitando la acción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 84.6 de la L.R.J.S. Tampoco consta que en el acto de conciliación analizado se hubiera producido alguna irregularidad o ilegalidad que pudiera conculcar o violar los derechos de los intervinientes en el acto, al no haber denuncia pertinente por parte del representante del Ministerio Fiscal que asistió al acto”, esgrime el texto del ministerio, que igualmente habilita a Uriarte para presentar “un recurso de reposición”.

Así las cosas, Uriarte volvió a recurrir y la contestación, ya bajo el nuevo ministerio de Dolores Delgado, es que ella “no tiene legitimación activa” para presentar un recurso de este tipo, esto es, que en nada beneficiaría a la denunciante, a criterio del Ministerio, una sanción al letrado, pese a que, como ha recurrido luego Uriarte, “la resolución recurrida ya otorgaba a la denunciante la condición de interesada y la potestad de presentar recurso de reposición”.

El ministerio de Justicia está vulnerando la ley de prevención de blanqueo de capitales descaradamente al tolerar todo esto”

“No han investigado diligentemente mi denuncia, de hecho, la han obviado en su resolución. Están vulnerando la ley de prevención de blanqueo de capitales descaradamente al tolerar todo esto”, dice Uriarte, sin dejar de esgrimir “compincheo” desde el poder con Bantierra, incidiendo asimismo en que el actual presidente, Luis Olivera, es concejal por el PP en el ayuntamiento de Barbastro y “tiene fotos” con la exministra de Agricultura, Isabel García Tejerina” y la expresidenta popular de Aragón y del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rubi, que su “expresidente Alayeto tiene otra con el ahora presidente aragonés y entonces alcalde de Ejea de los Caballeros, Javier Lambán, la misma ciudad de la que es Alayeto y también la diputada del PSOE en la comisión contra la corrupción del Congreso desde el 2016, Susana Sumelzo”, que Marcos Puyalto fue nombrado en 2017 consejero delegado de la Corporación Empresarial Pública de Aragón (CEPA) y, fundamentalmente, en que el letrado denunciado tiene una foto pública junto al exministro Catalá. “No se puede negar que hay una foto con el ministro, la tengo yo como muchísima gente. No tengo ninguna amistad con Rafael Catalá. Es una malinterpretacion de una persona que me sorprende”, ha respondido sobre el tema el letrado. “Si nuestro presidente se ha reunido con una ministra, no vemos nada de malo”, dicen desde Bantierra.

Uriarte, en cualquier caso, ha vuelto a recurrir, esta vez, solicitando directamente a la ministra Dolores Delgado la “nulidad de pleno derecho” de las dos resoluciones administrativas del ministerio por “lesionar los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional”, en este caso, “no respetando la ley e incumpliendo el derecho de una persona no ser sometida a un trato degradante y a su seguridad”.

Consultados por la denuncia de Uriarte, desde el Ministerio de Justicia han respondido a Vozpópuli que “el tema por el que nos pregunta se refiere a resoluciones administrativas que afectan a un particular, y sobre ello el Ministerio de Justicia no va a realizar ninguna valoración. Lamento indicarle que tampoco se puede anticipar el contenido de la respuesta” a la última solicitud de la denunciante.

La Audiencia de Madrid exige investigar a Bantierra por blanqueo de capitales chinos

La Audiencia de Madrid ha estimado el recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción en favor de que se investigue a la entidad bancaria Bantierra por presunto blanqueo de capitales chinos, falsedad de documentos y delitos contra la Hacienda pública, delitos todos ellos que se habrían cometido entre 2012 y 2013.

El auto de la Audiencia de Madrid, al que ha podido acceder Vozpópuli, cuestiona el fallo del Juzgado de Instrucción Nº16 de Madrid de febrero de 2018. Este último había inadmitido a trámite la querella impulsada por la testigo y extrabajadora de Bantierra, Mar Uriarte, por apoderamiento indebido de la documentación en la que se fundaba la querella.

La Audiencia de Madrid, sin embargo, exige igualmente al juez de instrucción que investigue la presunta trama de blanqueo de capitales de esta entidad aragonesa.

Según el fallo de la Audiencia madrileña, “aceptar una querella no exige la constancia acreditada de lo que afirma, sino la posible relevancia penal de los hechos que contiene…del relato de los hechos de la querella, no puede excluirse “per se” su carácter delictivo, ni aparecen aquéllos como totalmente inverosímiles”. “Resulta procesalmente inoportuno vincular la inadmisión a trámite de una querella a la valoración por parte del juez instructor de cuanta documentación obra unida a la querella y considerarla como prueba ilícita”, subraya la sentencia conocida este sábado.

“Muy tranquilos”

El juez instructor tendrá ahora que citar a declarar, en calidad de investigados, a siete directivos y responsables de la cooperativa aragonesa, entre ellos, su expresidente, José Antonio Alayeto.

Por lo pronto, desde Bantierra responden a Vozpópuli que, “por nuestra parte no hacemos ninguna valoración más allá de poner toda nuestra máxima colaboración con la Audiencia para aclarar y cerrar este asunto. Estamos muy tranquilos”.

El Banco de España también rescata a las entidades financieras que blanquean dinero

La extrabajadora de la cooperativa de crédito BantierraMar Uriarte ha elevado al Banco Central Europeo (BCE) una denuncia contra el Banco de España por “falta de supervisión” al permitir el ‘rescate’ de una entidad investigada por un presunto blanqueo de capitales. La denuncia, a la que ha podido acceder Vozpópuli, menciona también al ministerio de Economía dirigido entonces por el actual vicepresidente del BCE, Luis de Guindos.

El escrito, remitido a través del canal de denuncias de informantes de malas prácticas del BCE acompañado de una serie de documentos judiciales, se hace eco del ‘rescate‘ de la entidad Bantierra, consumado finalmente por las Cajas Rurales, y de las publicaciones en medios de comunicación como Hoy AragónEl ConfidencialEl Mundo y ABC. Estas últimas publicaciones informaron que el rescate había sido pedido y organizado por el Banco de España en el año 2017 con el conocimiento del entonces ministro de Economía, que habría exigido que no se involucrara dinero público del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en la operación.

“Para evitar un rescate bancario con cargo al FROB, lo que representaría un escándalo social (…) En marzo de 2017, como una forma encubierta de evitar el rescate, el Banco de España también autorizó la venta de activos inmobiliarios por 320 millones de euros de Bantierra”, dice el escrito de denuncia, que añade que en julio de 2017, el Banco de España, presidido entonces por Luis María Linde, autorizó a Bantierra la venta a Arquia Banca de oficinas bancarias de Madrid, Valencia, Barcelona y Tarragona, oficinas en las que habría tenido lugar el supuesto blanqueo denunciado.

Así, la misma denuncia pone de relieve que la Fiscalía Anticorrupción investigaba una denuncia contra la propia Bantierra por presunto blanqueo de capitales chinos desde el año 2015. En mayo de 2017, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella criminal que el Juzgado de Instrucción desestimó y que la Audiencia de Madrid, previo recurso de apelación de la Fiscalía, finalmente estimó. La denuncia inicial había sido elevada también al Sepblac en el año 2015, apunta Uriarte, que asegura que el Banco de España se saltó la legislación europea sobre regulación de capitales al permitir las operaciones descritas en el párrafo anterior pese a las querella y las investigaciones desarrolladas.

Consultado por este periódico, el Banco de España ha respondido que no va a hacer valoraciones sobre entidades supervisadas. Tampoco han ofrecido valoraciones desde el propio BCE. Casos como el de Uriarte no tienen un tiempo tasado de investigación.

El recorrido judicial en España

El Juzgado de Instrucción Nº16 inadmitió la querella de la Fiscalía Anticorrupción por presunta falsedad documental y blanqueo en Bantierra por un presunto apoderamiento indebido de la documentación en la que se fundaba la querella. La testigo esgrimió que estaba sujeta a la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo “que le permite aportar la información a las autoridades, cuando tras informar internamente, el sujeto obligado no lo comunique al Sepblac”.

La Fiscalía Anticorrupción presentó un recurso de apelación al Juzgado de Instrucción ante la Audiencia de Madrid y resolvió exigir al juzgado de instrucción que proceda a investigar a a Bantierra por presunto blanqueo de capitales chinos.

Según el auto de la Audiencia madrileña, el Juzgado debía retomar la investigación por considerar que “aceptar una querella no exige la constancia acreditada de lo que afirma, sino la posible relevancia penal de los hechos que contiene…del relato de los hechos de la querella, no puede excluirse ‘per se’ su carácter delictivo, ni aparecen aquéllos como totalmente inverosímiles (…) Resulta procesalmente inoportuno vincular la inadmisión a trámite de una querella a la valoración por parte del juez instructor de cuanta documentación obra unida a la querella y considerarla como prueba ilícita”, subraya la sentencia.

Mar Uriarte denuncia a España en Bruselas por incumplir la ley de blanqueo

Una exempleada bancaria almeriense ha denunciado al Estado español ante la Comisión Europea. Se trata de Mar Uriarte, la testigo que ha alumbrado una presunta trama de blanqueo de capitales chinos en la entidad Bantierra-Caja Rural de Aragón, ahora en instrucción en el Juzgado 16 de Madrid.

Uriarte, que cuenta con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, dice estar ‘vetada’ en el sector bancario tras ser despedida de Bantierra en 2017 (el año en el que la Fiscalía presentó la querella por la trama denunciada por la propia almeriense) y acusa a las autoridades españolas de “desprotección”. En ese sentido, esgrime entre otras cosas que, tras presentar una demanda por su despido, fue presuntamente forzada a conciliarlo por un letrado de la administración de justicia, que le “obligó” a “llegar a un acuerdo de indemnización de 3.000 euros tras 10 años de trabajo”. Lo denunció ante el Ministerio sin haber encontrado eco. Lleva, paralelamente, dos años sin poder encontrar un trabajo fijo en el sector bancario.

Así las cosas, ha presentado un escrito de denuncia ante la secretaría del máximo órgano ejecutivo europeo. La denuncia de Uriarte va contra el Estado español por “vulneración del artículo 61.3 de la V Directiva Europea del empleado del sector financiero que denuncia blanqueo de capitales”.

La directiva europea, más favorable al denunciante

Según la directiva, actualizada en el año 2018, los “Estados miembros garantizarán que las personas, incluidos los empleados y representantes de la entidad obligada que comuniquen sospechas de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismoestén protegidas legalmente de toda amenaza, medida de represalia o acción hostil, y en particular de toda medida laboral adversa o discriminatoria“, como así también “derecho a presentar de forma segura una reclamación ante las autoridades competentes respectivas” y “derecho a una tutela judicial efectiva a fin de preservar sus derechos en virtud del presente apartado”.

Desde la Comisión Europea explican que estudiarán la denuncia “en un plazo de 12 meses”

Dicha legislación europea, actualizada en el año 2018, está actualmente traspuesta a la legislación española a través de los artículos 30 y 65 de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, notablemente menos intransigente que la nueva directiva europea. “Toda autoridad o funcionario tomará las medidas apropiadas a fin de proteger frente a cualquier amenaza o acción hostil a los empleados, directivos o agentes de los sujetos obligados que comuniquen indicios de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo” (artículo 30). “No constituirán infracción de ningún tipo en el ámbito de la normativa laboral por parte de la persona comunicante, ni de ella podrá derivar trato injusto o discriminatorio por parte del empleado” (artículo 65).

12 meses

“En España, el Estado no quiere cumplir con la Directiva Europea de protección de denunciantes de blanqueo de capitales, ya que cuando he solicitado explicación de la vulneración de la IV o V Directiva Europea, ni lo han razonado ni he obtenido respuesta. El resultado ha sido que padezco un trastorno ansioso depresivo diagnosticado y una amenorrea secundaria que me ha impedido tener hijos con mi pareja”, reivindica la exempleada de Bantierra.

Desde la Comisión Europea explican que estudiarán la denuncia “en un plazo de 12 meses“, antes de definir “si cabe abrir un procedimiento formal de infracción contra el país en cuestión”.

Segunda llamada a Europa

La denuncia presentada ante la Comisión no es el único frente que tiene abierto Uriarte en Europa. El pasado mes de diciembre, la exempleada de Bantierra elevó otra denuncia ante el Banco Central Europeo.

En ese escrito, Uriarte acusaba al Banco de España de permitir el ‘rescate’ de Bantierra pese a que la querella por blanqueo en la entidad ya había sido presentada por la Fiscalía Anticorrupción, una acusación que el BCE investiga en estos momentos.

Vozpopuli (1, 2, 3, 4 y 5)

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