El supervisor considera que puede haber ayuda de Estado al usar el aval público para créditos anteriores al covid.

El BCE se va a poner serio con las prácticas de la banca española en la concesión de créditos avalados por el ICO. Según fuentes cercanas, el supervisor europeo está bastante disgustado porque las entidades españolas han utilizado masivamente el aval del Estado para créditos problemáticos anteriores al covid, lo que considera que puede constituir ayuda de Estado. Por eso, va a trasladar la situación a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea.

Es vox populi en el mundillo financiero que las entidades españolas han aprovechado las líneas ICO lanzadas en marzo para evitar la asfixia financiera de miles de empresas no solo para ese fin, sino también para sacar de su balance el 80% (o el 70% si se trata de grandes compañías) del riesgo de morosidad de muchos créditos anteriores a costa del Estado. Muchos de ellos, ya con serias dudas sobre su salud. En caso de que el cliente impague y el préstamo entre en mora, el banco solo tendrá que asumir el 20% (ó 30%) de esa pérdida, mientras que el grueso corresponderá al ICO.

Y estamos hablando de cifras enormes: se han concedido ya 111.000 millones de estos créditos, de los que el Estado garantiza más de 84.000. Y podrán seguir otorgándose hasta junio del próximo año, con lo cual la cifra seguirá creciendo. «Se trata del mayor rescate público de la historia de la banca española, que deja pequeños los 41.000 millones del rescate financiero de España de 2012», según una de las fuentes.

El temor es que un elevado porcentaje de ese importe acabe en impago porque la situación de la economía no haya mejorado lo suficiente para que empresas y autónomos tengan ingresos suficientes para empezar a devolver los primeros plazos. Algo que iba a ocurrir con toda seguridad en marzo de 2021 -cuando terminaban los 12 meses de carencia que tenían inicialmente estos préstamos-, lo que iba a provocar el llamado «efecto acantilado». Para evitarlo, el Gobierno ha alargado otro año dicha carencia, hasta marzo de 2022, con la esperanza de que entonces el crecimiento económica permita reducir la morosidad a niveles menos catastróficos.

Algunos bancos han dado el 80% de los ICO a créditos anteriores

Otra fuente añade que «hay bancos donde el 80% de los ICO concedidos han ido a parar a su cartera viva, no a soportar la actividad». Estas cifras son las que han escandalizado al Banco Central Europeo, lo que ha provocado la investigación actual y este traslado de la situación a la Dirección General de Competencia que lidera Olivier Guersent, el organismo que ha impuesto las multas más importantes de la historia de la UE y que ha obligado incluso a deshacer fusiones empresariales por constituir monopolios u oligopolios.

El supervisor europeo ha venido dando avisos sobre esta cuestión en las últimas semanas. Andrea Enria, presidente del Mecanismo Único de Supervisión, dijo públicamente que iba a comprobar que los préstamos concedidos al amparo de las medidas especiales por el coronavirus -como los ICO en España- se han utilizado para aportar liquidez ante la situación excepcional y no para sanear sus balances reestructurando créditos anteriores .

Y el propio Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, ha advertido de la posible infraponderación de las provisiones bancarias y del exceso de optimismo de las entidades financieras. En este sentido, la semana pasada Enria remitió una carta a las entidades europeas en las que animaba a provisionar adecuadamente los créditos con riesgo de deterioro para evitar la “prociclicidad”, aunque disfruten de una moratoria. También reclama mecanismos para diferenciar de manera efectiva los deudores viables de los que no lo son.

El Gobierno abre su propia investigación

De forma simultánea a estas medidas del BCE, el Gobierno español también ha contratado a PwC para hacer una «cala» aleatoria de varios miles de créditos ICO y comprobar si cumplen efectivamente con su finalidad o se han utilizado para sacar riesgo del balance de los bancos, según informó El Confidencial.

En el mercado, hay interpretaciones dispares sobre la finalidad de esta investigación gubernamental. Hay quien sostiene que el Ejecutivo pretende adelantarse al BCE y «dar primero»; en definitiva, debería ser el primer interesado en que los créditos ICO se hayan concedido correctamente puesto que serán las arcas del Estado las que asuman el quebranto si los bancos los han utilizado para trasladar las pérdidas de préstamos problemáticos.

Pero también hay otras fuentes que aseguran que lo que pretende el Gobierno es parar la actuación del BCE con un informe «amable» donde el sector «salga bien» porque considere que su actuación ha sido correcta. En ese caso, la Dirección General de Competencia tendría muy difícil abrir un expediente por ayudas de Estado, habida cuenta de que el propio Estado concluye que no ha habido irregularidades.

Hay que recordar que ya hubo una gran polémica en abril a cuenta de los créditos ICO, porque muchas entidades condicionaron su concesión a la contratación de otros productos por parte de los clientes. Una práctica que tuvo que prohibir expresamente el Gobierno y que criticó públicamente el propio Pedro Sánchez.

OkDiario