Está sobre la mesa la cuestión de los certificados de inmunidad o pasaportes de vacunación. Una buena excusa para establecer un control social a gran escala, con la excusa de la salud pública.
La Comisión Europea los está impulsando así que conviene saber que es posible que en no mucho tiempo se hagan pruebas para determinar quién tiene inmunidad frente al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2). Se clasificará a la población y se prohibirá viajar o entrar en determinados lugares a quienes se considere que no tienen inmunidad.
Es lo que se llama «pasaporte serológico» o ‘certificado de inmunidad‘. Está dirigido a la población en apariencia sana. Se supone que el grupo de «probablemente no inmunes» puede ser contagiado y actuar de agente contagiante por lo que se le negarán derechos y se le impondrán restricciones que afectarán, entre otras a la libertad de movimiento y de trabajo.
También se supone que el grupo de «probablemente inmunes» no puede ser contagiado ni ser agente contagiante por lo que gozará de los derechos y las libertades habituales.
Nos cuentan que así se controlará la pandemia y se crearán «ambientes seguros». Pero a cambio se estigmatizará y discriminará una parte de la población, entre ellos quienes no puedan o no quieran vacunarse.
Lo primero que hay que explicar es que es difícil encajar estos “pasaportes” en nuestro ordenamiento jurídico, pues podrían verse afectados derechos y libertades fundamentales de las personas (derecho a la intimidad, derecho al trabajo, derecho a la propia imagen, derecho a la libertad de movimiento, etc).
En el Bufete Almodóvar & Jara pensamos que un pasaporte así es muy peligroso, pues si bien es cierto que ayuda a reactivar la circulación de personas, consideramos que va a provocar muchas situaciones de discriminación (seguros, realización de perfiles personales, estigmatización). La información sobre la Covid no está siendo fiable. Las pruebas PCR son controvertidas, así como las de antígenos. No digamos de la información sobre vacunas…
Hay que recordar de nuevo, además, que la vacunación no es obligatoria. Y hay que estar atentos al equilibrio entre el derecho a la salud pública, la regeneración económica y la no discriminación (hay una parte importante de la población mundial que no tiene acceso a las vacunas porque viven en países con pocos recursos).
Los derechos humanos fundamentales no deberían ser cercenados por ningún virus ni pandemia. Tampoco por las medidas de control. Si tenéis algún problema contactad con nosotros.
Y desde el punto de vista científico la cosa no está clara. No existe en estos momentos certidumbre científica sobre la inmunidad que genera el haber pasado la enfermedad y las pruebas diagnósticas sobre la inmunidad generada tienen poca precisión. Las características conocidas de las pruebas de diagnóstico del actual coronavirus no permiten decir inequívocamente, con seguridad, que una persona sea inmune o no lo sea.
Puede que se produzcan errores inadmisibles en los dos sentidos: decir que una persona es inmune y no lo es y decir que no es inmune y que lo sea. Hay que entender que aunque una persona fuera inmune no se puede asegurar que no contagie, en el sentido de ser o no ser «portador» sano del virus. También desconocemos el tiempo de duración de la inmunidad, y hasta qué punto tener inmunidad implica no desarrollar la enfermedad.
Otra cosa a tener en cuenta es que el hecho de que las empresas tuvieran acceso a esta información de los trabajadores ya de por sí conculca derechos de los mismos, además de poder ser otra fuente de estigmatización y discriminación.
Incluso aunque todo lo referido a estos pasaportes se hiciera perfecto, el mero concepto plantea graves problemas de equidad, éticos, de justicia, legales, morales y de solidaridad. ¿Hacia dónde nos conducirían este tipo de medidas? ¿queremos una sociedad basada en la confianza y la solidaridad u otra que lo haga en la desconfianza y la estigmatización?
Por todo ello nos negamos a la implantación de los certificados de inmunidad.
