Detecta “la ausencia de toda exposición motivada de las razones que la justifican”, ante el volumen del dinero y el control político al que se someterá.
El Consejo de Estado acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de haberse pasado de frenada en el decreto de los fondos europeos, según el dictamen que mantenía oculto. Al menos, en su supuesto empeño por “simplificar y reducir la burocracia” para “aumentar la capacidad de gestión y absorción de los fondos europeos de recuperación”.
Este periódico ha tenido acceso al informe del máximo órgano consultivo del Estado, ese que el Partido Popular acusó al Ejecutivo de haber “arrancado del expediente” del decreto cuando este hubo de ser convalidado en el Congreso. Según el texto, de 97 páginas, el Consejo detecta “la ausencia” en el decreto “de toda exposición motivada y suficiente de las razones que en cada caso justifican la atenuación, o incluso la supresión, de los mecanismos de control“.
Y para el organismo presidido por la expresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, eso obliga a “formular una observación esencial en el apartado II de este dictamen”. Y reclama que se incluya “una explicación detallada de las razones” por las que el Gobierno reduce plazos, para que “justifique” esta “flexibilización y los beneficios que a ella se anudan”.
El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de hecho, no sólo elimina procesos administrativos y simplifica la contratación con el Estado.
Criterios políticos
Lo esencial es que también crea toda una estructura administrativa en la sede de Presidencia del Gobierno para la gestión de las ayudas europeas. Y es ahí donde, con criterios políticos, se decidirán los destinos de los 140.000 millones de euros previstos.
Y es esa la clave de que la atenuación, o incluso supresión, de “mecanismos de control” sea especialmente peligrosa y el Consejo de Estado considere “esencial” explicar.
Porque esa eliminación de barreras de control en la gestión de los fondos de recuperación -y del resto de fondos europeos- de euros da un poder casi absoluto a la oficina de Moncloa para decidir sus destinos y las vías de adjudicación: directa a entidades, vía capitalización de empresas, a través de créditos finalistas, o simplemente en procedimientos de contratación.
Moncloa “atendió”
Fuentes del Gobierno aseguraban que no se ha ocultado el dictamen y que incluso se “atendió a las recomendaciones” del informe, que en cualquier caso no era, explican, “preceptivo”. Tampoco vinculante y ni siquiera tenía que ser incluido en expediente alguno, ya que se trata de un Real Decreto Ley y no de una Ley como tal. El PP, en cambio, sostiene que si el Gobierno solicitó ese informe es porque lo consideraba necesario y por eso, a juicio de los de Casado, se debería haber incorporado junto al decreto como “antecedente necesario”.
El decreto, como clamaba el PP hace un mes largo, al saltar la polémica, es cierto que simplifica los procedimientos administrativos y agiliza los plazos. Y esa, según las fuentes populares consultadas, parece una vía legítima para agilizar la absorción de los fondos.
Pero también añade una discrecionalidad política enorme con las estructuras que fabrica en Moncloa para la gestión del instrumento Next Generation EU, que prevé la llegada ya este 2021 de 27.000 millones de euros en transferencias directas a España.
Así, el decreto incluye medidas tan trascendentes como la posibilidad de crear empresas de capital mixto público-privado para adjudicarles contratos “a dedo” y que, después, reciban fondos de la UE.
Y para todo este proceso, el Gobierno admite que tendrá que utilizar parte de esos fondos europeos en sí mismo, es decir, en modernizar la Administración digitalizándola. Porque, por ejemplo, el mismo Ministerio de Trabajo reconoce que el 25% de lo que invierte en políticas activas de empleo es “ineficiente” por estas razones. Y prevé usar “inteligencia artificial” para que el SEPE busque empleo a los parados y para que Inspección de Trabajo ponga sanciones a los defraudadores.
