El 16 de junio entrará en vigor la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales.
La nueva norma parte de la obligatoria transposición de la directiva europea 680/2016, por lo que la iniciativa fue tramitada por la vía de urgencia en Congreso y Senado. Esa directiva europea fue aprobada por el Parlamento Europeo hace cinco años y el Gobierno de España, liderado entonces por Mariano Rajoy, debía haberla incorporado al ordenamiento español antes de 2018. Pero, la tardanza nos cuesta cada día una multa de 89.000 euros diarios, además de 15 millones que ya tuvimos que anticipar.
El nuevo precepto fue aprobado el 15 de marzo en el Congreso de los Diputados con 267 votos a favor, 70 abstenciones y 4 votos en contra. Y en el senado fue ratificado con tan sólo dos votos en contra, el del senador de Agrupación Socialista de La Gomera y el mío, senador de Navarra y miembro de Geroa Bai. De vuelta al Congreso recibió el voto afirmativo, incluso, de Bel Pozueta, Mertxe Aizpurua u Oskar Matute. Las fidelidades de Bildu para con el Gobierno Sánchez no tienen límites, al parecer.
La Directiva europea se redactó con el objetivo de mejorar las garantías que las y los ciudadanos tienen ante procedimientos policiales, pero se nota que el borrador de la ley fue redactado por el PP. Lo que hace realmente la ley es reforzar el poder de la policía a quien cada ciudadano tiene la obligación de entregar información personal comprometida que puede ser utilizada en su contra. La versión hispana de la Directiva, tal y como ha quedado redactada, es justo su contrarréplica.
Con esta Ley, la Administración policial, sus unidades y agentes, pueden obtener toda clase de datos, acumularlos, y tratarlos como quieran, grabarlo todo, en cualquier parte, en pro de conceptos genéricos como los de seguridad ciudadana, seguridad nacional, lucha contra el terrorismo, delitos graves (¿cuáles?), crimen organizado, y hasta para denunciar y sancionar cualquier infracción administrativa que se cruce por el camino.
En cambio, todo lo que son los derechos de los ciudadanos, que la Unión Europea prometió en sus tratados que nos garantizaba, con esta Ley pasan a ser derechos formales y papel mojado. O más bien, en obligaciones para con la policía, frente a lo que dice incluso el artículo 24.2 de la Constitución española que establece el derecho de los ciudadanos a no declarar contra sí mismos. La nueva ley obliga a la ciudadanía a lo que en una palabra podríamos describir como “sincericidio”.
Todos los ciudadanos, por el mero hecho de serlo, se convierten en posibles sospechosos de poder cometer un delito en el futuro (Minority Report), al mismo tiempo que la Administración puede conseguir todos nuestros datos personales, incluso los más sensibles y protegidos, sin necesidad de solicitar nuestro consentimiento o de darnos explicaciones, pudiendo poner cuantas cámaras, videos y grabadoras quiera donde quiera y cuando quiera (el Ojo del Gran Hermano) y todo ello sin avisar, ¡claro! La seguridad policial ante todo.
Todo en esta Ley es excesivo y desproporcionado cuando se trata de prerrogativas y privilegios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y de sanciones y obligaciones para los ciudadanos. Los obligados son los ciudadanos que deben dar toda la información que se les pida (con lo que deben incluso autoinculparse ante la Policía y el juez). Los ciudadanos no deben poner pegas, ni molestar con la cantinela de sus derechos de cancelación. Deben soportar lo que se les ordene y, si se oponen, ser multados con sanciones absolutamente desproporcionadas. La Policía y su Administración tienen incluso la facultad de no tener que motivar sus resoluciones cuando denieguen a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos que la normativa de la Unión Europea reconocía en los tratados.
Con esta Ley, en vez de avanzar hacia una democracia moderna (eso que decía el Preámbulo de la Constitución de conseguir una sociedad democrática avanzada), lo que hacemos es marchar a toda prisa hacia la jibarización de nuestros derechos a la intimidad personal y familiar y a que nuestros datos personales, incluso los más íntimos, obren en poder de la Policía para sus fines o para cualesquiera otros “públicos”, incluidos los datos de lo que pensamos política, religiosa, sindical, sexualmente…
El cine y la literatura ya adelantaron lo que esta Ley pretende. Lo hizo en Minority Report, la película de Spielberg con Tom Cruise, y en 1984 con el Gran Hermano orweliano. ¿Recuerdan? Ya lo anunció Orwell: ¡La guerra es la paz! ¡La libertad es la esclavitud! ¡La ignorancia es la fuerza!
Big Brother is watching you! ¡El Gran Hermano te observa!
