Spain is different, sobre todo en el reparto del maná de los fondos Next Generation de la UE (de los que hemos solicitado 72.000 millones en subvenciones directas).
Somos el único país donde el Presidente del Gobierno repartirá directamente y a su antojo el dinero, sin participación del Parlamento, y donde no habrá organismos independientes que fiscalicen este reparto, la utilización del dinero y los resultados obtenidos.
Pedro Sánchez se ha arrogado directamente estos poderes (ni siquiera los tiene el Consejo de Ministros) y se ha limitado a crear una oficina que coordinará la gestión de los fondos en manos del director general de Asuntos Económicos de la propia Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha. No habrá control parlamentario, ni comité independiente, ni participación de las comunidades autónomas; será Moncloa quien les diga en qué se tienen que gastar lo que le toca a cada una.
Y lo que es todavía peor: el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, que regula este reparto se carga cualquier control sobre el reparto y la utilización de los fondos por parte de los organismos fiscalizadores tradicionales –Intervención General del Estado, Tribunal de Cuentas, etc.- con la excusa de que son demasiado lentos e ineficientes para la urgencia de estas inyecciones. Tampoco se ha creado ningún nuevo órgano ad hoc, aunque sería un disparate porque requeriría contratar a varios miles de nuevos funcionarios de alto nivel.
«Este sistema es singularísimo en Europa, en el resto de los grandes países tienen un enfoque radicalmente distinto, basado en la evaluación de la rentabilidad/riesgo de los proyectos, y con todo tipo de controles y contrapesos», explica el profesor de economía Javier Santacruz. En todos los casos, hay control parlamentario.
Por ejemplo, la Italia de Mario Draghi ha planteado el reparto de los fondos como si fuera una financiación alternativa a la bancaria. El encargado de hacerlo es un comité de expertos independientes, bajo tutela parlamentaria (no gubernamental), que evalúa los proyectos uno a uno, como el comité de riesgos de un banco. Y, si los aprueba, canaliza directamente el dinero. El Gobierno solo se reserva aquellos proyectos que son inversiones públicas.
En Alemania, han ampliado su tradicional Consejo de Sabios que determina los grandes objetivos de los fondos, pero su reparto corresponde a los länder (estados federados), cada uno de los cuales tiene su comité técnico independiente que aprueba los proyectos.
En Francia hay un sistema parecido aunque con mayor intervención pública, dada la idiosincrasia del país: siempre interviene un Ministerio o empresa pública, pero siempre se evalúa proyecto a proyecto, y con control parlamentario.
Portugal crea un órgano para evitar la corrupción
Un caso especialmente llamativo es el de Portugal, que además de tener su comité independiente bajo mandato parlamentario, como Italia, ha creado una especie de fiscalía para controlar el buen uso del dinero y evitar que no se gaste el dinero en lo que se debe o casos de corrupción. Un riesgo que nuestros vecinos quieren cortar de raíz, pero que aquí es muy real ante la ausencia absoluta de controles.
Este modelo único en Europa ha generado gran sorpresa y malestar en la Comisión, según fuentes conocedoras de la situación. Estas fuentes no descartan que, para conseguir el visto bueno del Consejo (los Gobiernos de los 27), este obligue a España a poner en marcha mecanismos de reparto y de control independientes.
Otro error muy extendido que el Gobierno está dejando que se extienda es que los proyectos se van a financiar al 100% con los fondos europeos. Y no es así. Eso solo ocurrirá en las infraestructuras públicas, pero en los proyectos de empresas privadas habrá que buscar financiación adicional, porque el dinero europeo solo cubrirá un porcentaje; y este en muchos casos no irá mucho más allá del 25% o 30%.
