Hubo un disco mítico de Dixebra titulado «¿Asturies o trabayes?» que pasó a formar parte del acervo popular.
Nacido en tiempos de reconversión industrial no describe exactamente la situación actual, en una comunidad golpeada por dos crisis consecutivas y graves, la Gran Recesión de 2008 y en el presente el tremendo impacto de la pandemia, los porcentajes de población en riesgo de pobreza han llegado a cifras nunca vistas y además, Asturias encabeza el ránking de territorios en los que trabajar tampoco sirve para escapar de la estrechez, está en los puestos más altos en el registro de personas ocupadas y que, sin embargo, pese a contar con un empleo, pueden a llegar a estar en la indigencia.
Son datos recogidos por el Observatorio de pobreza y desigualdad en España con indicadores que abarcan algo mas de una década, desde el año 2008 al 2019, justo antes del estallido de la pandemia. Para Asturias hay cifras poco alentadoras, uno de cada cinco ocupados, es decir que tiene un empleo, vive en riesgo de pobreza, y uno de cada diez del mismo grupo se encuentra en una situación más grave, de extrema pobreza. La Investigadora de la Fundación ISEAK, Lucía Gorjón destacó en este sentido que «el observatorio no permite conocer qué tipos de empleo son los que provocan esta situación, pero normalmente son empleos de pocas horas o muy inestables, asociados a unos salarios bajos. Efectivamente, la mayoría de empleos a jornada parcial son realizados por mujeres. Sin embargo, si atendemos a los niveles de pobreza por género que muestra el observatorio, éstos son mayores para los hombres (15% ellos vs 11% ellas)».
La fundación considera en su estudio «riesgo de pobreza» unos ingresos del 60% del mediano de la comunidad, y «extrema pobreza» el 40% del mediano de esos ingresos. Sus gráficos también distinguen la valoración respecto al conjunto del país y dentro de la propia comunidad. Así, en comparación con otras comunidades, Asturias no está en mala posición pero sus indicadores retroceden claramente con la «mirada regional» tenindo en consideración la situación respecto a los habitantes del Principado.
Las cifras globales del observatorio apuntan a que el riesgo de pobreza se disparó en 2019 en España en general y en Asturias en particular, rozando a la cuarta parte de la población a estar expuestos a esta situación. «Cuando se actualicen los datos podremos conocer el impacto exacto de la crisis sanitaria pero podemos anticipar que los datos serán más preocupantes todavía», señaló Gorjón respecto a un presente que todavía está por evaluar.
Pero ¿y qué pasa con el Salario Social? Una de las joyas de la corona del sistema de bienestar asturiano, con una amplia cobertura que, antes de la puesta en marcha del IMV estatal, beneficiaba a alrededor de 20.000 unidades familiares en el Principado. Los planes de la administración autonómica pasan por reconducir muchos de sus fondos, una vez que esté en funcionamiento la prestación nacional, a la atención a la dependencia. Además, se quiere llevar a los perceptores del Salario Social a encontrar empleo en los cuidados.
Al respecto, la investigadora de la Fundación ISEAK, señaló que «es fundamental que las políticas pasivas de empleo, es decir, las prestaciones como el Salario Social, se vinculen con políticas activas de empleo para las personas que están en condiciones de trabajar. Los Servicios Públicos de Empleo tienen que orientar y formar a las personas en situación de desempleo atendiendo a la demanda del mercado laboral regional, es decir, mirando a lo que las empresas asturianas necesitan contratar».
Dado el enorme impacto de la pobreza laboral en Asturias, Gorjón señaló que debería valorarse que «las personas no pierdan el derecho a percibir la prestación al encontrar un trabajo y puedan compatibilizar ambas fuentes de ingresos. Generalmente, los empleos a los acceden las personas beneficiarias de estas ayudas son de muy mala calidad y generalmente el salario que reciben no les permite salir de la pobreza. Por eso es importante que no pierdan el derecho a las prestaciones. Idealmente, estos empleos precarios servirían como trampolín a otros empleos mejores cuyo salario y estabilidad laboral sí les permitan salir de la pobreza y, por lo tanto, dejar de percibir la prestación».
