De los 701 contribuyentes en España que declararon en 2019 una fortuna superior a los 30 millones de euros, solo 1/3 pagaron el impuesto sobre el patrimonio gracias a la Comunidad de Madrid.
A grandes rasgos, estos dos centenares largos de ultrarricos abonaron este tributo por residir en una comunidad autónoma diferente a Madrid, la única región española que a día de hoy bonifica al 100%, y por tanto suspende, el impuesto que grava a las grandes fortunas.
Este gravamen, cuya gestión recae directamente en las comunidades autónomas, afecta a los contribuyentes que poseen bienes, excluyendo la vivienda habitual hasta 300.000 euros, por un valor superior a los 700.000 euros. El tributo ha sido y sigue siendo objeto de gran polémica, tanto a nivel autonómico como nacional. De un lado, varias regiones acusan a Madrid de llevar a cabo una competencia fiscal desleal al bonificar al 100% el impuesto y atraer con esta medida a las grandes fortunas a su jurisdicción. Por otro, el Gobierno, a través de la comisión de expertos creada por el Ministerio de Hacienda para dar forma a la futura reforma fiscal, tiene la intención de armonizar este tributo para frenar las fugas de renta por razones fiscales.
Atendiendo a los propios datos de la Agencia Tributaria, la diferencia entre los ultrarricos y el resto de los tamos más acaudalados es más que obvia. Por ejemplo, los más de 142.000 declarantes que oscilan entre los 300.000 y los 1,5 millones de euros pagaron el impuesto en el 94% de los casos; los que atesoran un patrimonio que se mueve entre los 1,5 millones y los 6 millones de euros (unas 57.000 personas) lo abonaron el 80% de las veces; y los 7.000 ricos que tienen entre 6 y 30 millones pagaron el impuesto de patrimonio en la mitad de las ocasiones. En total, en 2019 hubo en España 212.284 liquidantes, de los que pagaron el tributo algo más de 183.000, el 86% del total.
Todas las proporciones están muy lejos del 34% relativo a las fortunas más voluminosas, una cifra que sugiere que la mayoría de ultrarricos, y que no abona el impuesto, reside en la Comunidad de Madrid, en la que hay 19.090 personas que han tenido que declarar por su patrimonio. De hecho, según la estadística de la propia Agencia Tributaria, la región central dejó de recaudar unos 990 millones de euros en 2019 por este tributo, ya que aunque los contribuyentes más acaudalados tuvieron que presentar la declaración quedaron exentos de tener que pagar gracias a la ventaja fiscal que les da la residencia.
Las diferencias entre las comunidades autónomas de régimen común –todas salvo País Vasco y Navarra– también son claras. Según los datos relativos a 2019, de los 183.000 contribuyentes que abonaron este impuesto un total de 77.615 residían en Cataluña. Tras ella se situaron la Comunidad Valenciana, con poco más de 22.000 personas, Andalucía, con unos 16.500 contribuyentes, y Aragón, con unos 13.600 ricos. El resto de regiones anotaron cada una menos de 10.000 pagadores, con la cifra más baja –con permiso del vacío de Madrid– en Extremadura, que cerró el año con 1.186 contribuyentes. A las comunidades autónomas habría que sumarle las cifras de Ceuta y Melilla y las de los extranjeros con bienes en España, que suman unas 8.000 personas.
Evolución
Los datos publicados por la Agencia Tributaria muestran cómo el número de ultrarricos, aquellos que poseen más de 30 millones de euros, ha crecido en España entre 2018 y 2019, para pasar de los 608 a los 701 declarantes. La cifra aumentó año tras año desde la creación de esta figura tributaria, en 2007, hasta el ejercicio 2018, cuando por primera vez cayó al pasar de los 611 de 2017 a los 608 de un año después. En todo este tiempo, el número de contribuyentes que ha pagado el impuesto de patrimonio también ha ido desmoronándose: del 49% que lo abonaba en 2011 al 34% que lo liquidó ocho años después.
El impuesto de patrimonio fue suprimido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008, cuando quedó bonificado al 100% en toda España. Tres años después, y debido a los estragos de la crisis económica, fue recuperado por el mismo Ejecutivo y prorrogado por los respectivos Gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, que estudia su rediseño a raíz de un acuerdo entre PSOE y Podemos. Hoy, el impuesto funciona por tramos: del 0,2% al 2,5% sobre las fortunas de más de 700.000 euros una vez restados hasta 300.000 euros del valor de la vivienda habitual. Las regiones pueden modificar los tipos, los mínimos exentos y las bonificaciones.
