El programa de estabilidad adelanta que la crisis económica se cebará con más de siete millones de personas, que son las que de un modo u otro pasarán a depender del Estado.
El Gobierno ha cifrado ya las consecuencias que para la economía española tendrá la crisis que ha desatado el coronavirus y, sin duda, son catastróficas. El Producto Interior Bruto (PIB), adelanta en el programa presupuestario que en la noche del jueves remitió a Bruselas, se desplomará un 9,2% este año y la recuperación se producirá en lo que Nadia Calviño, vicepresidenta de Asuntos Económicos, definió como una «V asimétrica». En otras palabras: que a pesar del discurso inicial del Ejecutivo, en 2021 no se recuperará todo lo perdido. Ni mucho menos.
De hecho, el rebote en el próximo año será del 6,8% y si se toman los datos y gráficos elaborados por Economía se aprecia claramente que al cierre del ejercicio se estará todavía lejos de la situación de 2019. El Gobierno, por lo tanto, reconoce que España no volverá a los niveles previos a la crisis hasta, al menos, 2022. La recuperación de todo el crecimiento adicional perdido parece, al menos ahora mismo, una quimera.
Partiendo de este punto, el documento es una colección de noticias históricamente negativas que, además, parten de un escenario «prudente», según lo definió Calviño en la rueda de prensa que ayer ofreció junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Un ejemplo: el déficit llegará a los dos dígitos, concretamente hasta el 10,3%, y la deuda se irá más allá del 115,5% del PIB. Si de nuevo se traducen estas cifras, lo que se constata es que la desviación presupuestaria superará los 110.000 millones de euros y la deuda pública rozará los 1,3 billones de euros. Un nuevo máximo histórico que recuerda las numerosas advertencias que recibió España a cerca de la necesidad de reducir su deuda, y que los sucesivos Gobierno ignoraron. El último ejemplo, la sonrojante desviación del déficit del pasado año.
Hay más. El Ejecutivo reconoce que la tasa media de paro repuntará hasta el 19%, por lo que habrá momentos durante el próximo año en los que la cifra supere ampliamente ese nivel, y prevé que el número de «desempleados a causa del Covid-19 que reciben prestación» ascienda a nada menos que 900.000 personas. «Y este es el escenario central, hace un mes nosotros lo estimamos como el más adverso pero la situación se ha deteriorado», explica Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE). Esto quiere decir que en caso de perturbaciones adicionales la cifra podría superar el millón de personas. Los datos extraordinarios no paran de amontonarse.
«Pero además se debe tener en cuenta que en estas cifras no se incluyen todos los trabajadores que sufrirán un ERTE», añade el responsable del think tank de CEOE. En este sentido, el Gobierno reconoce que hasta cuatro millones de personas deberán acogerse al modelo de ERTE desarrollado para tratar de paliar las consecuencia de la crisis. Asimismo, 1,4 millones de autónomos serán beneficiarios de la prestación extraordinaria, más de 400.000 recibirán la ayuda para trabajadores temporales y otros 400.000 la de incapacidad temporal. Si a ello se le suman los señalados 900.000 que irán al paro, el resultado es que 7,162 millones de personas quedarán en, algún momento de este año y de un modo u otro, bajo la protección del Estado. Un 31% de la población activa. Mareante.
Sin embargo, todo podría ir incluso a peor. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estudió y dio ayer su aval al documento. Resultado de su labor habitual hasta que el organismo dirigido por Cristina Herrero introdujo la siguiente advertencia: «No se pueden descartar escenarios más adversos derivados, principalmente, de la intensidad de la recuperación».
Según la AIReF, no es en absoluto descartable que la recuperación se complique en caso de que «se materialicen escenarios epidemiológicos más adversos o daños más persistentes en la capacidad productiva de la economía y el empleo que dificultarían la recuperación».
La parte puramente impositiva también colabora activamente en reafirmar las trascendencia de este programa de estabilidad. El Ministerio de Hacienda estima que la recaudación se desplomará en algo más de 25.000 millones, lo que supone una caída de en torno a un 5%. El retroceso es notablemente más reducido que el previsto para el conjunto de la economía, lo que podría suscitar algunas dudas sobre la previsión oficial y adelantar que la caída, en realidad, será mayor.
En todo caso, Montero detalló que la evolución esperada es la siguiente: Sociedades aportará casi un 9% menos por «la caída de los beneficios empresariales que traen causa por la inactividad económica»; la recaudación del IVA retrocederá un 5,2% ante la paralización del consumo; en IRPF el dato será de al menos un -2,4%; y los impuestos especiales recaudarán un 6,4%.
Si a esto se suma un incremento del gasto de 10 puntos, que suponen unos 57.000 millones, se obtiene una buena pista de por qué se van a acumular los mencionados desequilibrios presupuestarios y explican, al mismo tiempo, el deseo de Montero por acelerar la tramitación las tasas Tobin y Google. Su impacto, en cualquier, caso será escaso dadas las magnitudes y los tiempos. Pero cualquier ayuda será bienvenida por el Gobierno, que además ya ha rechazado la posibilidad de acometer un recorte en pensiones o nóminas públicas. Aunque los precedentes hacen pensar justo lo contrario.
