España registrará una de las mayores recesiones del mundo desarrollado en 2020, pero también una de las mayores crisis fiscales de los países afectados por el coronavirus.
El impacto de la primera ola y el parón que ha sufrido la recuperación durante el verano, fruto, a su vez, de los rebrotes que se han extendido por el país, dejan las cuentas públicas en una situación calamitosa. Muy atrás quedan ya las estimaciones que elaboró el Gobierno el pasado mes de abril, cuando avanzaba un déficit del 10,3% y una deuda del 115,5% del PIB.
La evolución de los últimos meses ha terminado superando los peores pronósticos a la vista de las sucesivas revisiones publicadas por los principales organismos, tales como el Banco de España, la OCDE, la Comisión Europea, el FMI, la AIReF o BBVA Research.
Por un lado, el último panel de Funcas, correspondiente al mes de septiembre, que recopila todos estos cálculos, avanza una caída del PIB del 12% en 2020, mientras que el crecimiento para el próximo año rondaría el 7,3%, un 60% inferior a la contracción experimentada durante el presente ejercicio. Y, por otro, el déficit público podría oscilar entre una horquilla de 133.000 y 161.000 millones de euros, hasta el punto de superar el 14% del PIB, un nuevo récord histórico. A este respecto, cabe recordar que la anterior marca tuvo lugar en 2009, en plena crisis financiera internacional, cuando la diferencia entre ingresos y gastos superó los 120.000 millones, cifra equivalente al 11,3% del PIB.
Las razones de este desajuste responden a “la extraordinaria caída de la actividad económica del segundo trimestre del año”, el “fuerte incremento del gasto público”, especialmente a la hora de cubrir el coste de los ERTE, el gasto sanitario y el ingreso mínimo vital, así como el desplome de la recaudación de impuestos y cotizaciones, según destaca un informe de Funcas.
Tan sólo la factura de las medidas que han aprobado las diferentes Administraciones desde el pasado mes de abril ronda el 5% del PIB, unos 50.000 millones de euros, y todo apunta a que seguirá en aumento tras la prolongación de los ERTE más allá de septiembre, el incremento de la prestación por desempleo o el alza de los gastos sanitarios y educativos debido a los rebrotes de coronavirus.
Asimismo, aunque todavía existe mucha incertidumbre respecto a la caída de la recaudación, los ingresos tributarios acumulan ya una caída del 11% interanual hasta julio, equivalente a más de 9.600 millones de euros.
La deuda se dispara
Por último, el crecimiento del déficit y la caída del PIB se traducirá en un aumento récord de la deuda pública. El endeudamiento de las Administraciones Públicas alcanzó el 110% del PIB en el segundo trimestre, hasta el máximo histórico de 1,29 billones de euros, según publicó el Banco de España el pasado miércoles. Pero esta cifra seguirá en aumento hasta final de año.
España cerró 2019 con una deuda del 95,5% del PIB y el Gobierno estimaba en abril que subiría hasta el 115,5% en 2020, unos 20 puntos adicionales. Sin embargo, según las últimas previsiones del Banco de España, la AIReF y la OCDE, la deuda podría aumentar entre 146.300 y 260.500 millones de euros, hasta un total de 1,33 y 1,45 billones al término del presente ejercicio, superando así el 120% del PIB, 25 puntos más que hace un año.
La crisis financiera de 2008 elevó el nivel de deuda pública en 65 puntos en tan solo siete años, pasando de tener uno de los niveles más bajos de la UE (35,8% en 2007) a uno de los más altos (100,7% en 2014). “Como resultado de la crisis financiera de 2008 y la reciente generada por Covid-19, el nivel de deuda pública española habrá aumentado entre 2008 y 2020 en más de 80 puntos del PIB equivalentes, aproximadamente, a 0,9 billones de euros”, advierten Desiderio Romero-Jordán y José Félix Sanz-Sanz, analistas de Funcas.
En este contexto, “España se enfrentará a partir de 2020 a un problema de sostenibilidad de la deuda en el largo plazo“, añaden. “Las simulaciones efectuadas por AIReF muestran que se tardarían al menos dos décadas para llevar el nivel deuda a la situación precovid siempre que se redujera el déficit en 0,5 puntos cada año hasta alcanzar el superávit primario. Y con esta misma senda de reducción del déficit, cumplir con el objetivo del 60% no se podría conseguir según AIReF al menos hasta 2050”, advierten.
“En todo caso, es necesario que el gobierno comience a planificar de forma inmediata el proceso de consolidación fiscal al que estaremos abocados en los próximos años”, y, para ello, según estos mismos economistas, será necesario “eliminar todo gasto corriente de carácter superfluo e innecesario” y revisar “los programas de grandes inversiones, como por ejemplo el tren de alta velocidad, que no tienen cabida en un escenario de dramático aumento del nivel de deuda como el actual”.
Una vez ajustado el gasto, debería acometerse una profunda reforma del sistema fiscal para favorecer el crecimiento, reduciendo la carga fiscal en el Impuesto de Sociedades y el IRPF, al tiempo que se elevan impuestos indirectos como el IVA, por ser “las figuras impositivas que con un alto potencial recaudatorio menos deterioran el crecimiento”, explican, a imagen y semejanza de lo que sucede en otros muchos países europeos. El plan fiscal del Gobierno, sin embargo, va justo en la dirección contraria.
